El Consejo Federal Pesquero (CFP) formalizó la apertura de una convocatoria pública para la presentación de proyectos pesqueros enfocados en la explotación de calamar argentino (Illex argentinus) mediante el uso exclusivo de buques poteros. La medida regulatoria, plasmada en la Resolución 6/2026, tomó como base técnica un informe de la Dirección Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) emitido el 12 de mayo de 2026, el cual analizó la sustentabilidad biológica del recurso ante una eventual ampliación de la flota nacional.

El diagnóstico del INIDEP detalló que el calamar posee un ciclo de vida anual y una dinámica migratoria estructurada por diversos stocks. Las evaluaciones científicas advirtieron que las principales concentraciones explotadas por los barcos argentinos —los stocks Sudpatagónico y Bonaerense–Norpatagónico— inician su ciclo dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y luego migran de forma natural hacia el área adyacente exterior. En esa zona internacional, el recurso enfrenta una severa presión extractiva por parte de flotas extranjeras, registrándose a título ilustrativo la detección de 338 buques poteros de otros países durante el año 2026, además de embarcaciones arrastreras.

Foto. Pesca Chubut

En contraste con el despliegue internacional, la flota potera de bandera argentina operó en la última temporada con apenas 84 unidades, un número significativamente menor al promedio histórico de los inicios de la pesquería, cuando alcanzaba las 150 embarcaciones. Ante este escenario, el instituto de investigación concluyó que un incremento moderado de la capacidad de captura nacional, mediante la adición de entre 15 y 20 barcos, representa una oportunidad para elevar la tasa de extracción local sin comprometer la sustentabilidad biológica de la especie. Por tal motivo, el CFP autorizó un cupo máximo de hasta 18 nuevas unidades operativas bajo un enfoque precautorio.

Requisitos de admisión y procesamiento en tierra

Los interesados en participar de la convocatoria pública dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, para formalizar sus solicitudes a través de la plataforma digital de Trámites a Distancia (TAD). Los proyectos presentados deberán encuadrar en los incisos 1) y 2) del artículo 26 de la Ley N° 24.922, los cuales regulan la entrega de permisos según el volumen de inversión y el esquema de procesamiento industrial en plantas costeras.

Entre las condiciones de admisibilidad fijadas por el Consejo Federal Pesquero se destacan los siguientes requisitos técnicos y comerciales:

• Vinculación industrial: Los proponentes deberán ser propietarios de plantas de procesamiento en tierra con personal debidamente registrado, o bien haber suscripto un convenio firme con establecimientos industriales habilitados que tenga vigencia desde el inicio de la temporada de pesca del año 2027.

• Compromiso de reprocesamiento: Cada propuesta debe comprometer un porcentaje de reprocesamiento en estructuras de tierra no inferior al 20% del volumen total de las capturas. El incumplimiento de esta pauta durante dos temporadas, sean consecutivas o alternadas, constituirá una causal automática de caducidad del permiso de pesca otorgado.

• Certificaciones sanitarias: Se exige la presentación de las debidas habilitaciones otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), junto a las validaciones emitidas por las administraciones provinciales o municipales pertinentes.

• Restricción de capital extranjero: La resolución prohíbe explícitamente la presentación o adjudicación de proyectos a personas jurídicas o grupos empresarios que posean —directa o indirectamente— participación, tenencia accionaria o derechos por parte de Estados extranjeros o agencias gubernamentales externas, sin importar su porcentaje de participación o derechos políticos.

Especificaciones de los buques, aranceles y garantías

La normativa estipula que los buques nominados para los proyectos deben contar con un informe avalado por un profesional del Consejo Profesional de Ingeniería Naval. Las exigencias técnicas fijan que las unidades deben poseer una capacidad de bodega máxima de hasta 1.300 metros cúbicos y registrar una antigüedad menor a los 20 años desde su fecha de construcción. Asimismo, las empresas o grupos empresarios podrán proponer un tope de hasta dos barcos en la compulsa, priorizándose la selección de una unidad por firma hasta cubrir el cupo total disponible.

Foto. Revista Puerto

Los barcos seleccionados deberán estar incorporados a la matrícula nacional o completar dicho trámite antes del 31 de diciembre de 2027, extendiéndose el plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 para aquellos buques que se construyan en astilleros locales. En materia económica, el esquema de aranceles y garantías se regirá bajo el sistema de Unidades Pesca, con depósitos obligatorios en la cuenta del Fondo Nacional de la Pesca (FO.NA.PE.):

• Arancel de Presentación: 50.000 Unidades Pesca por cada buque propuesto, abonadas de forma previa a la postulación.

• Arancel de Aprobación: 120.000 Unidades Pesca para proyectos vinculados por convenio (Inciso 1) y 200.000 Unidades Pesca para firmas propietarias de plantas (Inciso 2), pagaderos dentro de los 10 días de notificada la selección.

• Garantía de Inicio de Operaciones: 115.000 Unidades Pesca destinadas a asegurar el comienzo efectivo de las tareas de captura en la temporada 2028 (o 2029 en caso de construcciones de origen nacional). La falta de inicio efectivo en los plazos fijados devengará la caducidad de pleno derecho del proyecto y la ejecución de los fondos a favor del Estado.

Por otra parte, la Resolución 6/2026 introduce un esquema de incentivo para desalentar la pesca en la milla 201 por flotas extranjeras: los armadores podrán solicitar una extensión de su permiso de pesca por un año adicional si acreditan un mínimo de 30 días de operación efectiva anual en el área adyacente exterior a la ZEE argentina. Por último, se estableció una restricción temporal que impide transferir, ceder o enajenar los derechos del permiso o el buque adjudicado por un plazo perentorio de tres años a partir de su emisión oficial. Las autoridades estiman que la incorporación de las 18 unidades poteras generará unos 600 puestos de trabajo directos y registrados de personal embarcado, además de dinamizar el empleo industrial en tierra.

Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Consejo Federal Pesquero