El debate en torno al segmento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dedicadas a la producción de biodiesel se concentra en variables ligadas a la escala, la inversión y la integración de la cadena de valor. Según los datos técnicos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), el país registra una producción aproximada de 8,5 millones de toneladas de aceite de soja al año. Por su parte, el sector de las PyMEs de biodiesel demanda un volumen cercano a las 650.000 toneladas anuales, lo que significa que el consumo totalizado de este eslabón se cubre con el equivalente a un mes y medio de la producción aceitera nacional.

Ante la plena disponibilidad de materia prima en el mercado doméstico, la entidad sectorial planteó interrogantes sobre las decisiones corporativas tomadas durante las últimas dos décadas dentro de un marco regulatorio cerrado y carente de competencia. Los registros estadísticos disponibles revelan que un total de 28 plantas procesadoras de biodiesel no han realizado inversiones orientadas a generar su propia producción de aceite de soja, debilitando el objetivo de sustentabilidad productiva. En contraste, la Argentina cuenta con una estructura de 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en 8 provincias, consolidando una capacidad instalada nacional de 70 millones de toneladas entre los procesos de molienda y extrusión.

Distorsiones del mercado interno y el espíritu de la ley de 2006

Desde CIARA-CEC enfatizaron que el análisis del precio del insumo no puede disociarse de los factores de escala e integración. En ese sentido, puntualizaron que el aceite de soja destinado a los mercados de exportación no resulta técnicamente comparable con el aceite de soja neutro que se comercializa en la plaza interna, el cual se encuentra sujeto a extensos plazos de cobro financiero.

Esta realidad se vincula de forma directa con el espíritu de la Ley de Biocombustibles original, sancionada en el año 2006, cuyo ordenamiento jurídico buscaba promover la producción general, impulsar el desarrollo de nuevas firmas y robustecer la competitividad. La cámara industrial señaló que la persistencia de plantas que no invierten en generar su principal insumo tras casi veinte años de protección estatal contradice los principios de crecimiento e innovación fijados en la normativa fundacional del sector.

Trayectoria exportadora, litigios globales y derechos de exportación

La producción argentina de biodiesel posee un historial probado de competitividad internacional. Entre los años 2016 y 2018, la Argentina se posicionó como el primer exportador mundial del biocombustible, alcanzando una producción de 2,8 millones de toneladas, despachos externos por 1,8 millones de toneladas e inversiones de capital fijo que superaron los 2.500 millones de dólares. No obstante, dicho crecimiento se vio afectado durante la administración estadounidense de Donald Trump, gestión que clausuró su mercado aduanero al producto argentino mediante medidas paraarancelarias orientadas a proteger su consumo interno de diésel. Este bloqueo fue apelado por el Gobierno argentino, obteniendo un fallo favorable ante los tribunales de la justicia norteamericana.

De igual modo, la Unión Europea implementó restricciones comerciales que Argentina logró revertir con un dictamen favorable ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), accediendo a una cuota de importación compensatoria que continúa vigente. Pese a este acuerdo, las autoridades europeas buscan actualmente desincentivar el uso de la soja como materia prima elegible para biocombustibles mediante la elaboración de una normativa ambiental de carácter artificial. CIARA-CEC remarcó que estas distorsiones globales dificultan el sostenimiento de las inversiones y el perfil exportador, aclarando asimismo que los derechos de exportación vigentes en el país no constituyen subsidios, sino impuestos distorsivos que erosionan la competitividad del sector.

Frente a este escenario, la entidad concluyó que el eje de la discusión de fondo no debe centrarse en el traslado de costos entre empresas, sino en el diseño de una política de estado que premie la eficiencia y la integración productiva, manifestando su apoyo explícito al proyecto de ley impulsado por la senadora Bullrich para promover una participación activa en el mercado.

Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: CIARA CEC