El Gobierno nacional formalizó, mediante las resoluciones 443/2025 y 445/2025 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, la actualización de los precios de referencia para los principales biocombustibles producidos en el país. Esta decisión, efectiva a partir del 10 de noviembre, implica un ajuste del 6,17% para el biodiésel y del 3% para las variantes de bioetanol elaboradas a base de maíz y caña de azúcar.

El incremento de precios se inscribe en un esquema de normalización de costos que busca alinear los valores internos con las estructuras de costos de producción. El aumento resulta llamtivo al superar la tasa de inflación de septiembre, que se ubicó en el 2,1% (el dato de octubre aún no se había publicado a la fecha).

¿Cómo quedan los nuevos valores mínimos? El precio mínimo de adquisición para el biodiésel, componente esencial en el gasoil, se fijó en $ 1.688.961 por tonelada. En el caso del bioetanol, el valor mínimo para el derivado de la caña de azúcar asciende a $ 918,025 por litro, mientras que el elaborado con maíz se estipuló en $ 841,394 por litro.

Simultáneamente a la actualización de precios, la normativa estableció una reducción transitoria en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel en gasoil y diésel oil, fijándolo en el 7%. Esta medida de carácter extraordinario y coyuntural, se fundamenta en la necesidad de morigerar el impacto que el incremento del precio del aceite de soja —materia prima fundamental— podría generar sobre el costo final del gasoil en surtidor.

Esta dinámica regulatoria se produce en un marco de alta tensión para la agroindustria de los biocombustibles. Tal como reportó DataPortuaria.ar el 1 de octubre, la industria del biodiésel ya había solicitado formalmente al Senado un nuevo esquema normativo para evitar la "implosión del sector".

Esta urgencia se basa en la falta de previsibilidad y la constante modificación de reglas, que ponen en riesgo la sostenibilidad económica y las inversiones de las plantas productoras, muchas de las cuales son pymes. La existencia de un proyecto de ley presentado por La Libertad Avanza que iría en contra de los intereses de las productoras y la Liga Bioenergética, complejiza aún más el panorama, haciendo que cada resolución de la Secretaría de Energía sea analizada bajo la lupa de la viabilidad a largo plazo del sector.

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La decisión gubernamental no solo afecta a los productores de biocombustibles, sino que tiene repercusiones directas en el sector logístico y de transporte. El precio del gasoil y la nafta, influenciado por el costo de sus componentes obligatorios y por la actualización de los impuestos al combustible (ICL y IDC) implementada de forma escalonada, ejerce una presión continua sobre los costos operativos de las empresas de transporte y distribución.

Redacción por dataPORTUARIA