Es que el biodiesel forma parte del gasoil que millones de consumidores cargan en sus tanques a diario y una intervención virtuosa en el esquema de comercialización y en las fórmulas de corte podría tener un impacto positivo que reduzca, por ejemplo, los costos logísticos. Más aún si se logra avanzar con un mayor porcentaje de corte en los combustibles de origen fósil, tal como ocurre en Brasil.

Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) aseguran que “la Argentina tiene las plantas de biodiesel más eficientes del mundo pero sólo pueden exportar, no pueden vender al mercado doméstico. Así se obliga a los consumidores locales a comprarle caro a plantas que tienen menos eficiencia”.

Pareciera que -una vez más- en Argentina triunfa la lógica inversa y como era de esperar, esto no ocurre en ningún otro lugar en el mundo. Es que el precio de los combustibles que llegan a nuestros vehículos esta compuesto por materia prima de origen fósil y vegetal. En este caso, privamos a los consumidores locales de un combustible que no sólo es amigable con el medio ambiente sino que además podría ser más económico si se dejara competir en el mercado interno a las empresas más eficientes.

Para trazar un paralelismo, cabe preguntarnos qué pasaría si a alguien se le ocurriera que las empresas más eficientes en fabricar un auto no puedan vender al mercado interno y sólo deberían exportar. Y a los consumidores locales se les obliga a comprar, a precios muy altos, autos que no son de última tecnología. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en día con el mercado de los biocombustibles, más específicamente en el caso del biodiesel. Este tema, que parece sumamente lógico, no estaba planteado en la ley ómnibus tal como se había aprobado en general.

Quizá porque a partir del texto original se debió ceder en reiteradas ocasiones durante el debate a ciertas presiones, probablemente más relacionadas a cuestiones territoriales y poco interesadas en el bien común. Con las últimas modificaciones quedó totalmente desdibujada la idea original del Gobierno, que consistía en abrir el mercado y desregularlo para que todos pudieran competir en igualdad de condiciones, sin cuestionamientos, pero eso no ocurrió.

Concluido el capítulo legislativo, se debió retroceder hasta retomar la Ley 26.093, que regula el ámbito de los biocombustibles desde 2007, con modificaciones en 2023. La ley original obligaba a incorporar biocombustibles en un 10 % para gasoil y 12 % para naftas que se comercializan en el mercado.

Uno de los problemas planteados en la discusión reciente se basó en que las empresas agrupadas den la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) no querían modificaciones en la ley mencionada porque la misma les permitía gozar de importantes beneficios fiscales para la construcción de nuevas plantas “siempre que se trate de pymes”. Por supuesto que -a pesar de estar en el mismo negocio- tienen intereses distintos a los que pueden plantear grandes empresas como Cargill, COFCO, Molinos, Renova, Explora, Unitec BIO, entre otras. Es que entre las “pymes” el desarrollo del negocio se hace con la asistencia del estado y se construyen plantas bajo el paraguas de “pequeña empresa” que además reciben una cuota de participación del mercado directamente asignada desde la Secretaría de Energía. Es por eso que distintas fuentes consultadas por Ámbito aseguran que las ”pymes” son en realidad grandes empresas fragmentadas en manos de fuertes (y pocos) empresarios con llegada al poder legislativo.

Pero eso no es todo. Cuando el estado distribuye el cupo de venta, que en realidad es una obligación de compra a las petroleras, lo hace tomando como referencia la performance de los menos eficientes, es decir que bajo la premisa de “respetar” al más pequeño se perjudica a los más productivos.

El proceso genera algunas inequidades que no se plantearon en la discusión legislativa reciente. Hablamos de un área clave para la economía, no solo por lo que representan los hidrocarburos como sector específico, sino también por el impacto que tienen este tipo de decisiones en la economía en un país en el que casi todo pasa por las rutas y el precio de los combustibles impacta en los índices inflacionarios.