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Por primera vez, fallo judicial confirma denuncia por sobrefacturación de importaciones

La había realizado la Aduana al detectar operación de “barbijos” inflada por casi u$s 2 millones. Proveedor sospecho y posible facturas adulteradas. Se pagó un 700% más de lo que valían y jamás los retiraron de la Zona Franca.

La justicia federal comenzó a convalidar con el dictado de procesamientos por contrabando las denuncias interpuestas por la AFIP-Aduana por maniobras detectadas por sobrefacturación de importaciones para ingresar mercadería y obtener mayor cantidad de dólares a valor oficial. El Juez Federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak procesó a los integrantes y partícipes de la operatoria implementada por la firma “Pepsa SA” y vinculada a insumos para la Pandemia, que fuera detectada y denunciada por el organismo que dirige Guillermo Michel en el año 2022, cuando comenzó a aplicarse un torniquete ante la sangría de dólares del BCRA en lo que refiere al comercio exterior.

La denuncia se basó en una operación de importación parcialmente simulada por Pepsa, en tanto se había sobrefacturado el valor de 680.000 barbijos ingresados a Zona Franca de La Plata, con el propósito de obtener un beneficio económico a través de la adquisición de dólares al tipo de cambio oficial, para luego liquidarlos a través del mercado financiero. Es el “rulo”: la mercancía vale menos que las divisas que se declaran ante el BCRA, se ingresan los bienes y se triangula el sobrante –obtenido al valor oficial- para liquidarlo en el mercado de los paralelos y así duplicar la ganancia original.

La empresa declaró que había importado el 1 de diciembre de 2020 unos 680.000 barbijos como parte de las medidas de prevención y combate a la pandemia Covid-19, a un valor por unidad que oscilaba entre u$s 2,92 y u$s 2,94. El monto total de la operación declarada fue de u$s 1.990.220. En el marco de la investigación llevada a cabo por la Aduana, ante posibles incongruencias y por considerarlo desproporcionado, se le dio intervención la Dirección de Valoración quien –estableciendo métodos comparativos- determinó el valor de la mercadería importada a un costo real por unidad de entre u$s 0,30 y u$s 0,40 centavos de dólar.

Bajo estas conclusiones, el monto total de los bienes importados debía haber sido de aproximadamente u$s 200.000 dólares. Lo sobrefacturado alcanzaba u$s 1.738.600, un 700% encima del valor real.

Pero la Aduana también detectó que la maniobra se implementó a través de una triangulación internacional ya que la mercadería resultaba ser de origen chino, pero comprada a través de proveedores de Hong Kong. Saltó una alerta por la matriz de riesgo. En el marco de la emergencia sanitaria establecida por la Ley 27.541 producto del Covid-19, a través del Decreto 333/2020 se había establecido un derecho de importación del 0% y una exención del pago de la tasa de estadística para los barbijos y demás bienes necesarios para la atención sanitaria de la población. El material eran barbijos similares a los que utilizan los cirujanos, de tela, pero sin un modelo o marcas visibles. Pepsa se las había comprado mediante tres facturas a un proveedor denominado Alpics Best Limited con sede en Hong Kong. Llamó la atención que esas facturas tuvieran el modo de escritura de la fecha invertida, y no la que utilizan en ese país. Pero el otro dato fue más llamativo: nunca ingresaron formalmente al país los barbijos ni se utilizaron en el mercado. Nadie los retiró de la Zona Franca y allí permanecen hasta hoy. Las divisas sí las habían girado al exterior pero tampoco coincidían con las facturas emitidas.

Más tarde se detectó que Pepsa había hecho más de 15 operaciones con el mismo proveedor entre 2020 y 2021. Ahora, la justicia sospecha de que en realidad exista ese proveedor y que las facturas presentadas fueran auténticas. Tampoco coincidía el banco.

Kreplak dictó el procesamiento de los accionistas y apoderado de la empresa como así también del despachante interviniente y su apoderado y le trabó embargos por $400 y $200 millones. En su defensa, habían dicho que no había valores razonables en ese momento y que hubo otras importaciones a u$s 3 cada barbijo. Sin embargo, esos eran los “N95” –de máxima seguridad- y no unos genéricos como en este caso.

La investigación todavía puede continuar: el BCRA debe informar sobre infracciones al régimen penal cambiario, la DATIP extender su análisis sobre los aparatos electrónicos secuestrados y Kreplak dejó la puerta abierta por si existiesen más imputados. Es la primera resolución judicial que tiene esta contundencia en cuanto a la maniobra detectada.

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