La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reconoció ante el Tribunal de Comercio Internacional que no cuenta con la capacidad operativa para cumplir la orden judicial que exige la devolución de aranceles considerados ilegales por el Tribunal Supremo, por un monto estimado de US$166.000 millones.

El caso afecta a más de 330.000 importadores, que hasta el 4 de marzo de 2026 realizaron más de 53 millones de operaciones sujetas a aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La orden judicial exige el reembolso completo de los montos cobrados, incluidos los intereses, lo que representa uno de los mayores desafíos administrativos en la historia reciente del sistema aduanero estadounidense.

Limitaciones administrativas y tecnológicas

En una declaración presentada ante el tribunal, Brandon Lord, director ejecutivo de la CBP, explicó que la agencia enfrenta un volumen de solicitudes de devolución sin precedentes.

Según el funcionario, la estructura administrativa actual y los sistemas informáticos disponibles no permiten procesar una operación de esta magnitud, lo que dificulta cumplir con los plazos establecidos por la justicia.

Lord señaló que los procedimientos tradicionales de gestión aduanera no están diseñados para manejar millones de solicitudes de reembolso simultáneas, lo que obligaría a una reorganización completa de la agencia.

Riesgo para la operación del sistema aduanero

El director de la CBP advirtió que la única forma de avanzar con los reembolsos sería asignar a todo el personal técnico y administrativo exclusivamente a esta tarea, lo que pondría en riesgo el funcionamiento habitual del organismo.

Más de 330.000 importadores esperan la devolución ordenada por la justicia. Foto: DW

Según explicó, esa medida impediría que la agencia continúe cumpliendo su función principal de control fronterizo, gestión de importaciones y seguridad aduanera.

El funcionario sostuvo que destinar todos los recursos humanos al procesamiento de devoluciones podría afectar la eficiencia y la seguridad del sistema aduanero estadounidense.

Un fallo de gran impacto económico

El conflicto se originó tras el fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales ciertos aranceles aplicados bajo la IEEPA, lo que obligó al gobierno a devolver los montos cobrados a los importadores.

El total acumulado de derechos y depósitos alcanzaría unos US$166.000 millones, cifra que podría incrementarse por los intereses asociados.

La situación plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de las agencias federales para implementar decisiones judiciales de gran impacto económico, así como sobre la necesidad de modernizar los sistemas administrativos y tecnológicos del sistema aduanero estadounidense.

Mientras tanto, miles de empresas importadoras permanecen a la espera de definiciones sobre cuándo y cómo se concretará la devolución de los aranceles que el máximo tribunal declaró ilegales.

Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Infobae