Los organismos reguladores de los servicios públicos —Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán— expresaron su preocupación conjunta frente al reciente fallo del Primer Juzgado Constitucional de Lima que dispuso que Ositrán se abstenga de ejercer, de manera directa o a través de sus dependencias, sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en las operaciones y actividades del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

En un comunicado, las entidades señalaron que respetan las decisiones del Poder Judicial, pero consideraron necesario recordar la importancia de contar con organismos reguladores independientes, técnicos y sólidos que garanticen el cumplimiento de normas, estándares de seguridad, regulación de tarifas competitivas y condiciones óptimas de operación en infraestructuras de alta relevancia para el país.

Defensa de la supervisión en infraestructuras de uso público

Las instituciones indicaron que la supervisión y regulación en infraestructuras de uso público —sin importar la nacionalidad, naturaleza o titularidad del operador— constituye un elemento fundamental para velar por los intereses del Estado peruano, la transparencia en las operaciones, la protección de los usuarios y la prevención de riesgos que puedan afectar a la ciudadanía en el funcionamiento de servicios esenciales.

Asimismo, recordaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado la importancia de preservar la independencia operativa de los organismos reguladores como condición para el adecuado funcionamiento de los mercados y la protección del interés público.

Advertencia sobre precedentes

Los cuatro organismos consideraron que cualquier limitación a su accionar técnico podría generar un precedente negativo, en la medida en que afectaría la capacidad del Estado para supervisar adecuadamente a las empresas que brindan servicios públicos.

En ese sentido, Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán reafirmaron su confianza en que las instancias superiores del sistema de justicia evaluarán el caso con rigurosidad, objetividad y sustento jurídico, considerando el interés general, la defensa de los derechos de los usuarios y el rol constitucional de los organismos reguladores.

Redacción por dataPORTUARIA
Fuente: Gestión PE