Panama Ports Company S.A. (PPC) informó que el 3 de febrero de 2026 inició formalmente un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, de conformidad con el contrato de concesión vigente y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La información fue difundida por la propia empresa mediante un comunicado oficial fechado en la ciudad de Panamá.

Según expresó PPC en su comunicación, la decisión de avanzar con el arbitraje se produjo luego de lo que la compañía describe como una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, desarrollada a lo largo del último año. De acuerdo con la empresa, dichas acciones habrían generado daños graves y riesgos adicionales inminentes, sin que se adoptaran medidas similares respecto de otros contratos del sector portuario.

PPC señaló que el arbitraje se inició tras extensos intentos de diálogo y consulta con las autoridades panameñas. Según el comunicado, durante ese período la compañía continuó operando los puertos y cooperando con el Estado, al tiempo que transmitía reiteradamente sus preocupaciones y solicitaba claridad y mecanismos de consulta para evitar una disputa formal. Sin embargo, siempre según la versión de la empresa, esas gestiones no obtuvieron respuesta satisfactoria.

Fundamentos del reclamo

De acuerdo con PPC, el arbitraje se basa en el contrato de concesión y en el marco jurídico vigente desde hace casi tres décadas, al que la compañía califica como un “contrato-ley”, concebido para brindar seguridad jurídica y estabilidad a largo plazo. En ese contexto, PPC sostiene que la República de Panamá incumplió el contrato y la legislación aplicable.

La empresa indicó que reclama una indemnización amplia, sustentada en evaluaciones financieras, además de otros remedios que considere necesarios, reservándose todos sus derechos, tanto para sí como para sus inversionistas.

Como antecedente del conflicto, PPC afirmó que, durante el último año, el Estado panameño modificó posiciones históricas respecto del marco legal y contractual, incumplió obligaciones contractuales e impulsó o respaldó procedimientos judiciales destinados a afectar la concesión, la cual —según la empresa— fue adjudicada mediante un proceso de licitación internacional transparente.

Fallo judicial y acciones del Estado

En el comunicado, PPC también hizo referencia a un comunicado de prensa emitido por el Poder Judicial de Panamá en la noche del 29 de enero de 2026, tras el cierre de la Corte Suprema de Justicia, en el que se informaba un fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley N.º 5 de 16 de enero de 1997, entre otras normas. La empresa señaló que dicho fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor, y que su contenido sería contradictorio con decisiones previas del mismo tribunal sobre contratos similares.

Según PPC, desde la mañana siguiente a ese anuncio, el Estado panameño desplegó acciones para tomar control de las operaciones de la compañía, incluyendo visitas inesperadas y requerimientos para otorgar acceso irrestricto a bienes físicos, información comercial, propiedad intelectual y personal, bajo el argumento de implementar un plan de transición de los puertos mediante “acciones coordinadas”.

La empresa afirmó que ha continuado gestionando las operaciones portuarias y manteniendo un trato respetuoso con las autoridades, al tiempo que solicitó conocer el contenido del plan mencionado y abrir instancias de coordinación.

PPC destacó que, junto con sus inversionistas, ha realizado inversiones significativas en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, que —según indicó— superan ampliamente las efectuadas por otros operadores portuarios en el país. De acuerdo con el comunicado, estas inversiones generaron miles de empleos directos e indirectos y contribuyeron a posicionar a Panamá como un hub portuario y logístico de relevancia internacional, atrayendo a las principales líneas navieras.

Finalmente, pese al inicio del arbitraje, Panama Ports Company reiteró su disposición al diálogo e invitó al Estado panameño a brindar claridad y consultas con el objetivo de resolver la controversia.

Redacción por dataPORTUARIA