La Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió declarar inconstitucional la concesión que permitía a la empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, operar dos terminales portuarias ubicadas en los accesos del Canal de Panamá, según informó BBC News Mundo.

La decisión deja sin efecto los contratos que mantenía Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino, que desde la década de 1990 administra los puertos de Cristóbal, en la entrada atlántica, y Balboa, en el sector pacífico del canal. Estas terminales funcionan de manera independiente a la administración directa de la vía interoceánica.

De acuerdo con el fallo judicial, las leyes que habilitaron la concesión fueron consideradas incompatibles con la Constitución panameña. Como consecuencia, CK Hutchison cuenta con opciones legales limitadas, entre ellas solicitar una aclaración del fallo o recurrir a arbitraje internacional, aunque no puede apelar la sentencia.

El proceso judicial se originó a partir de una demanda presentada en 2025, que cuestionó la legalidad del contrato y denunció presuntas deudas impositivas. En abril, la Contraloría General de Panamá sostuvo que la empresa habría dejado de pagar al Estado alrededor de USD 1.200 millones, según una auditoría oficial.

En respuesta, Panama Ports Company rechazó la sentencia, al considerar que “carece de fundamento legal”, y afirmó haber invertido USD 1.800 millones en infraestructura y tecnología durante casi tres décadas de operación. La compañía advirtió que la decisión judicial podría afectar la estabilidad laboral de miles de familias vinculadas directa e indirectamente a la actividad portuaria, de acuerdo con declaraciones recogidas por BBC News Mundo.

La decisión judicial podría impactar en inversiones portuarias y en el comercio global que transita por el canal.​​​​​​​

Tras conocerse el fallo, las acciones de CK Hutchison cayeron más de 4% en la Bolsa de Hong Kong. Además, la resolución judicial podría complicar una operación en curso para la venta de decenas de puertos a nivel global, incluidas las terminales panameñas, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).

Desde el plano diplomático, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses de sus empresas, mientras que el gobierno de Hong Kong manifestó su rechazo a lo que calificó como presiones externas sobre compañías locales, según reportes de Reuters citados por el medio británico.

La decisión judicial se produce en un contexto de creciente disputa geopolítica. El Canal de Panamá, por el que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial y aproximadamente el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos, se ha convertido en un punto sensible dentro de la política exterior estadounidense. El expresidente Donald Trump había cuestionado reiteradamente la presencia china en infraestructuras estratégicas del hemisferio occidental.

En ese marco, Panamá ha adoptado medidas para reducir tensiones con Washington, entre ellas el retiro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China en 2025 y la realización de ejercicios conjuntos de defensa del canal con Estados Unidos. No obstante, el presidente panameño José Raúl Mulino reiteró que la neutralidad del Canal de Panamá se mantiene vigente.

Analistas citados por Bloomberg señalaron que este episodio podría anticipar mayores restricciones a la participación extranjera en infraestructuras críticas, en un escenario donde la geopolítica adquiere un peso creciente en las decisiones económicas y comerciales.

Redacción por dataPORTUARIA