Este sábado entrará en vigencia el Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), un instrumento impulsado por la Organización de las Naciones Unidas que establece, por primera vez, un marco legal vinculante para la conservación y el uso sostenible de los océanos internacionales, según informó Infobae.

El acuerdo alcanza a las aguas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan casi el 50% de la superficie del planeta y cerca de dos tercios del océano mundial, zonas que hasta ahora carecían de mecanismos jurídicos eficaces para regular actividades industriales intensivas y proteger sus ecosistemas.

Entre sus principales disposiciones, el tratado fija reglas claras para la creación de áreas marinas protegidas, establece la evaluación obligatoria de impactos ambientales y promueve una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. El objetivo central es avanzar hacia la meta global de proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030.

El Tratado de Alta Mar entra en vigor y establece por primera vez reglas vinculantes para proteger los océanos internacionales y la biodiversidad marina.

De acuerdo con Infobae, el acuerdo se volvió operativo al alcanzarse el umbral mínimo de 60 ratificaciones, el 19 de septiembre de 2025, con la adhesión de Marruecos. Hasta el momento, 81 países han ratificado el tratado, mientras que 145 Estados lo firmaron, lo que evidencia un amplio consenso internacional.

El proceso de negociación demandó más de dos décadas de trabajo en el ámbito de la ONU y estuvo atravesado por intereses económicos, ambientales y políticos diversos. Tras su adopción formal en junio de 2023, 81 países firmaron el acuerdo en apenas tres días, reflejando la prioridad global asignada a la conservación de la alta mar.

La ciencia cumplió un rol central tanto en la redacción como en la futura implementación del tratado. Uno de los principales insumos técnicos es la Guía de Áreas Marinas Protegidas (AMP), desarrollada por expertos de 13 países y respaldada por más de tres docenas de científicos, según consignó Infobae citando a la revista Science. Este documento establece criterios científicos y prácticos para la planificación, gestión y monitoreo de las áreas protegidas y ya se utiliza en al menos 19 países.

Naciones Unidas destacó que la aplicación efectiva del acuerdo implicará desafíos logísticos, financieros y de gobernanza, que requerirán cooperación internacional en monitoreo, financiamiento, capacitación y rendición de cuentas. En este sentido, la articulación entre la ciencia y los responsables políticos será clave para garantizar la recuperación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad a largo plazo.

El próximo paso será la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para finales de 2026, donde se definirán los procedimientos para aprobar y gestionar áreas marinas protegidas en alta mar y regular actividades emergentes como la geoingeniería o la acuicultura en aguas profundas.

Redacción por dataPORTUARIA