El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), organismo que agrupa a 63 cámaras y representa el 58% de las exportaciones totales del país, elevó un documento técnico a los jefes de bloque del Senado de la Nación. El objetivo es introducir modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, para garantizar que el esquema de beneficios alcance a la cadena de valor agropecuaria y agroindustrial en toda su extensión.

La entidad advierte que, en su redacción actual, el régimen presenta limitaciones que dejarían fuera a una parte sustancial de las economías regionales.

Sectores en riesgo de exclusión

Según el análisis del CAA, el diseño vigente del RIMI se solapa con las falencias del RIGI, excluyendo actividades que requieren intensivos flujos de capital pero que no encuadran estrictamente en la categoría de PyME Tramo 2. Entre los rubros afectados se encuentran las plantas de procesamiento de alimentos, las bodegas, la industria de maquinaria agrícola y los establecimientos de molienda de oleaginosas.

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La propuesta legislativa busca corregir este escenario de desprotección para la inversión mediana, permitiendo que el marco legal sea verdaderamente federal y transversal a las 36 cadenas de valor que motorizan el interior del país.

Modificaciones técnicas: El umbral de los 30 millones

El núcleo de la propuesta del Consejo se concentra en la reforma de los artículos 175 y 177 del proyecto de ley. Las sugerencias técnicas incluyen:

• Eliminar la restricción que limita los beneficios exclusivamente a Micro y PyMEs, permitiendo la aplicación de cualquier empresa agropecuaria con proyectos de inversión productiva demostrables.

• Establecer un inciso específico para empresas no categorizadas como PyMEs, fijando un monto mínimo de inversión de USD 30.000.000 para acceder al régimen.

Desde el CAA destacan que estas modificaciones no son improvisadas, sino que forman parte de un consenso previo alcanzado con el Poder Ejecutivo durante el año 2024. La urgencia del planteo radica en la necesidad de generar un entorno de previsibilidad jurídica que incentive la renovación tecnológica y la expansión de la capacidad exportadora argentina.

Redacción por dataPORTUARIA