Dos países con una presencia significativa en la industria naviera europea y global, buscan asegurar que la presión geopolítica no desestabilice las cadenas de suministro ni las operaciones comerciales marítimas que cumplen con la normativa internacional.
Chipre y Malta constituyen jurisdicciones con amplios registros navieros y centros cruciales para la gestión de buques. Su preocupación radica en que un enfoque indiscriminado en las sanciones pueda generar efectos colaterales. Estos podrían afectar a empresas y actividades que operan conforme a la ley, ajenas a las transacciones restringidas.
El argumento central de Chipre y Malta subraya que cualquier medida que afecte desproporcionadamente al transporte marítimo podría repercutir en la cadena de suministro global. Esto podría elevar costos y generar disrupciones logísticas. La legitimidad de las operaciones debe ser un criterio fundamental al diseñar y aplicar las políticas de sanciones mientras se salvaguarda la legalidad y la resiliencia de la industria marítima.

Ambos Estados pretenden un llamado a la precisión y la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones internacionales, reconociendo la importancia de estas herramientas, pero insisten en proteger el tejido económico y operativo del sector naviero legal garantizando que las medidas punitivas se dirijan específicamente a sus objetivos.
Redacción por dataPORTUARIA