El escenario del comercio energético internacional enfrenta una nueva escalada de tensión tras la confirmación de que la Guardia Costera de los Estados Unidos ha incautado un cargamento de crudo venezolano destinado a la exportación. La medida, ejecutada sobre el petrolero identificado como "Skipper", marca un punto de inflexión en la política de sanciones de Washington y pone en riesgo la operatividad de más de 30 buques que actualmente navegan o aguardan carga en aguas del país sudamericano.

Este incidente representa la primera confiscación directa de un cargamento procedente de Venezuela bajo la actual administración Trump, y la primera acción de esta magnitud desde que se ordenó un despliegue militar estratégico en la región. Hasta el momento, las restricciones impuestas desde 2019 se habían centrado en penalizaciones financieras y listas negras, sin interrumpir físicamente el flujo de mercancías transportadas por intermediarios.

Incertidumbre en la logística marítima

La interdicción ha generado un estado de alerta inmediato entre propietarios de buques, operadores y agencias marítimas. Fuentes del sector indican que diversos armadores están reconsiderando sus planes de zarpada desde terminales venezolanas, previendo que esta acción sea el inicio de una campaña más agresiva de control marítimo. Expertos analistas proyectan retrasos a corto plazo en las exportaciones y una posible retracción de la oferta de bodegas dispuestas a operar en esta ruta de alto riesgo.

El buque afectado forma parte de lo que la industria denomina la "flota fantasma" o dark fleet: una red de navíos que operan al margen de los estándares internacionales para transportar hidrocarburos sancionados. Estas unidades suelen desactivar sus sistemas de identificación automática (AIS) para ocultar su ubicación real, una práctica recurrente para evadir la vigilancia satelital.

Según datos de la consultora TankerTrackers.com, el impacto operativo es significativo: al miércoles, se registraban más de 80 buques cargados o en espera en la zona, de los cuales más de 30 están explícitamente sujetos a sanciones estadounidenses.

Por su parte, un análisis de Lloyd’s List Intelligence dimensiona la escala global de este fenómeno. La flota oscura mundial asciende a 1.423 petroleros, de los cuales 921 enfrentan sanciones de EE. UU., el Reino Unido o la Unión Europea. Estos barcos se caracterizan por su antigüedad, estructuras de propiedad opaca y la falta de seguros de protección e indemnización (P&I) de primer nivel, necesarios para ingresar a la mayoría de los puertos convencionales.

El modus operandi detectado revela que estas naves cargan en terminales operadas por la estatal PDVSA —a menudo bajo nombres falsos— y ocultan su traza hasta cruzar el Atlántico, dirigiendo sus envíos mayoritariamente hacia China o Malasia. Con la flota de la petrolera estatal ya incluida casi en su totalidad en las listas negras de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), la presión de Washington parece ahora focalizarse en la intercepción física de los activos en tránsito.

Redacción por dataPORTUARIA