El sector agropecuario argentino se encuentra inmerso en un conflicto que enfrenta a productores de garbanzo con el Instituto Nacional de Semillas (INASE) debido a la regulación de semillas de uso propio. Esta situación ha generado un debate sobre los derechos de propiedad intelectual, la autonomía productiva y el alcance de la intervención estatal en la actividad agrícola.

Acciones del INASE y la cuestión del "uso propio"

Hace aproximadamente un año, el INASE implementó una serie de acciones que, en la práctica, restringieron el uso de semilla de garbanzo de propia multiplicación. Inicialmente, se enviaron intimaciones a productores solicitando la presentación de facturas de compra de variedades sembradas. Esta metodología, común para cultivos como la soja o el trigo, resultó atípica para el garbanzo, particularmente para el cultivar norteño, que posee más de 25 años de antigüedad. La documentación de compra original es de difícil acceso debido al tiempo transcurrido. Posteriormente, el organismo avanzó con la aplicación de multas económicas a aquellos productores que no pudieron cumplir con este requisito.

Justificaciones sanitarias y la respuesta de los productores

El INASE ha justificado estas medidas argumentando la necesidad de controlar la proliferación del hongo Ascochyta rabiei, agente causal de la 'rabia del garbanzo', una enfermedad que carece de fungicidas específicos y puede provocar pérdidas productivas considerables. Además, el organismo había establecido que a partir de 2025, la semilla fiscalizada de garbanzo sería la única habilitada para su comercialización. No obstante, una parte significativa de los productores, estimulados por la disponibilidad de variedades de uso público con derechos de propiedad intelectual expirados, sembraron principalmente el cultivar norteño, abarcando aproximadamente el 69% del área nacional de garbanzo, y un 72% si se incluyen otras variedades sin protección intelectual.

Implicaciones del conflicto y el rol del Estado

La organización Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a través de su presidente Carlos Castagnani y dirigentes tucumanos, mantuvo una reunión con autoridades del INASE y la Secretaría de Agricultura para abordar la situación y buscar soluciones a las multas impuestas.

La discusión se enmarca también en un contexto de interés de Estados Unidos por la aprobación en Argentina de un marco regulatorio de semillas basado en el sistema UPOV 91, que busca fortalecer los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.

Redacción por dataPORTUARIA