La política de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) ha comenzado a mostrar resultados tangibles en la economía real del productor. Según un reciente relevamiento elaborado por el economista Franco Artusso, del IERAL (Fundación Mediterránea), el Gobierno ha devuelto al sector agropecuario un acumulado de US$ 1.950 millones en los últimos dos años, producto de la disminución de alícuotas respecto a los niveles vigentes en 2023.

Este "alivio fiscal" se traduce en una mejora directa de la ecuación económica para la campaña 2025/26, aunque el análisis advierte sobre las asimetrías regionales y la persistencia de una carga tributaria global que aún desafía la viabilidad en zonas marginales.

El informe detalla cómo la modificación del esquema impositivo —con tasas actuales entre un 27% y un 37% menores a las de hace dos años— repercute en los márgenes netos del productor. Para el cálculo, se utilizó un modelo estándar de 500 hectáreas con una rotación equitativa de 50% soja y 50% maíz.

Los resultados muestran beneficios diferenciados:

• Zona Núcleo: Un productor propietario percibe una mejora de US$ 76 por hectárea, mientras que un arrendatario obtiene un incremento de US$ 38.

• Región Extrapampeana: Los dueños de la tierra ven una mejora de US$ 58, y los inquilinos, de US$ 52.

Pese a la transferencia de recursos hacia el sector privado, Artusso subraya que la foto completa requiere cautela. La estructura fiscal argentina sigue ejerciendo una presión considerable sobre la producción primaria.

En la zona núcleo, la carga tributaria total oscila entre el 53% y el 73%. Sin embargo, la situación se vuelve crítica en las áreas extrapampeanas, donde este indicador se ubica entre el 67% y el 123%. "Cuando la carga supera el 100%, la actividad se vuelve inviable", alerta el informe, señalando que los costos logísticos y los alquileres en zonas alejadas de los puertos pueden anular cualquier incentivo fiscal nacional.

Proyecciones de recaudación y riesgo federal

El IERAL estima que la recaudación por DEX para 2026 rondará los US$ 5.030 millones. En un escenario contrafáctico, de haberse mantenido las alícuotas de 2023, el Estado habría absorbido casi US$ 7.000 millones. Esa diferencia constituye el capital de trabajo que hoy permanece en la cadena productiva.

No obstante, el estudio introduce una variable de riesgo: la presión fiscal subnacional. Existe la preocupación de que provincias y municipios incrementen sus propias tasas y gravámenes, neutralizando el esfuerzo fiscal realizado por la Nación.

"Sin una coordinación tributaria interjurisdiccional y reglas claras, la capacidad de inducir inversión queda acotada", concluye el análisis, poniendo el foco en la necesidad de políticas de estado permanentes para reactivar la frontera agrícola.

Redacción por dataPORTUARIA