La Policía Federal de Brasil ha abierto un expediente para investigar posibles delitos administrativos y penales relacionados con la licitación para el arrendamiento temporal del Puerto de Itajaí (SC). La acción judicial se desencadenó tras la detección de múltiples anomalías e indicios de fraude por parte del Tribunal de Contas da União (TCU), el organismo de control fiscal brasileño.

El proceso bajo la lupa es el concurso de 2023, que buscaba un operador provisional por un período de 24 meses. Según el informe del TCU, las reglas del pliego fueron modificadas durante el proceso, contraviniendo la normativa de contrataciones públicas.

El rol de la empresa adjudicataria

La empresa que inicialmente resultó ganadora fue Mada Araújo, una firma cuya falta de experiencia previa en la gestión de operaciones portuarias generó controversia. De hecho, la comisión técnica evaluadora había recomendado su descalificación debido a la incapacidad demostrada para manejar el volumen mínimo exigido, cifrado en 44.000 TEUs mensuales.

Sin embargo, en un movimiento eventualmente cuestionado, la junta directiva de la agencia reguladora revirtió esta decisión, habilitando a Mada Araújo a obtener el contrato de arrendamiento provisional.

Poco después de obtener la concesión, Mada Araújo fue adquirida por Seara Alimentos, que forma parte del conglomerado JBS. Tras la operación de compra, la compañía pasó a denominarse JBS Terminais. Esta secuencia de eventos intensificó los cuestionamientos sobre el propósito original de la participación de Mada Araújo en el concurso.

Irregularidades detectadas por el TCU

La auditoría del organismo de control fiscal fue contundente al examinar los antecedentes de Mada Araújo. Creada en 2010 como consultora con un capital social mínimo, la empresa modificó su objeto social, cambió su nombre y aumentó su capital social poco antes de presentarse a la licitación, sin demostrar contar con la infraestructura operativa necesaria para un puerto de la envergadura de Itajaí. Estos hechos configuran, para el TCU, serios indicios de manipulación del proceso con fines de lucro indebido.

El caso ha sido remitido al Ministerio Público Federal (MPF) de Santa Catarina y a la Policía Federal, con el objetivo de esclarecer si existieron irregularidades graves y determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Redacción por dataPORTUARIA