La temporada de pesca de Langostino (Pleoticus muelleri) enfrenta cuestionamientos en torno a la efectividad de los controles estatales y el cumplimiento de las normativas de manejo biológico. A pesar de la vigencia de la Ley Federal de Pesca y las resoluciones del Consejo Federal Pesquero (CFP) diseñadas para proteger la sostenibilidad de esta especie transzonal, se han detectado inconsistencias operativas que ponen en tensión la gobernanza del caladero.

Según información técnica y datos de monitoreo, se han identificado embarcaciones realizando maniobras compatibles con faenas de pesca fuera del horario habilitado, estipulado entre las 07:00 y las 19:00 horas. A esta irregularidad se suma un factor de riesgo para la seguridad de la navegación y la transparencia de la actividad: la presencia de buques con el sistema de identificación automática (AIS) inactivo durante periodos que superan las 11 horas.

Desafíos en la fiscalización y la carga

La normativa vigente, como la Resolución CFP Nro. 7/2018, establece parámetros claros para evitar la sobrepesca. Sin embargo, la brecha entre la regulación y la fiscalización en muelle y en mar abierto parece ensancharse. Fuentes del sector advierten sobre descargas que exceden los límites de peso por cajón.

Mientras la regla fija un máximo de 17 kg por unidad (con una tolerancia técnica del 6%, llevando el tope a 18,06 kg), se reportan ingresos a planta de cajas con pesos que oscilan entre los 22 y 25 kg. Esta práctica, de confirmarse sistemática, no solo distorsiona las estadísticas biológicas de captura, sino que genera una competencia desleal en el mercado, afecta la trazabilidad del producto y erosiona la estructura fiscal de la actividad.

Asimismo, se han observado maniobras de izado de redes con marisco aún en cubierta, una acción que contradice los protocolos de buenas prácticas pesqueras destinados a preservar la calidad del producto y la seguridad de la tripulación.

El escenario actual reaviva el debate sobre las asimetrías entre las flotas que operan en aguas nacionales y las que lo hacen bajo jurisdicción provincial. Estas últimas, que han experimentado una expansión significativa en capacidad de bodega y esfuerzo pesquero en los últimos años, operan sobre un recurso que no reconoce fronteras administrativas.

Un punto crítico es la cuestión tributaria: las capturas en aguas provinciales no tributan el Derecho Único de Extracción (DUE) a la Nación, quedando esos fondos en la órbita local. No obstante, al momento de la distribución del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), las provincias participan del reparto. Con volúmenes de captura proyectados superiores a las 106.000 toneladas para la temporada 2024-2025, esta disparidad fiscal adquiere una dimensión económica relevante.

Contradicciones de mercado y bycatch

La falta de control también impacta en la estrategia comercial. Sectores empresariales que habitualmente solicitan restricciones a la pesca en la zona norte (fuera de la ZVPJM) para evitar una sobreoferta que deprima los precios internacionales, se ven ahora involucrados en una operatoria provincial que podría saturar el mercado. A esto se suma la preocupación por el bycatch (pesca incidental) de merluza, con reportes que indican niveles de captura incidental por encima de los umbrales biológicos aceptables.

De cara a una futura cuotificación de la especie, donde la historia de capturas podría ponderarse, la validación de volúmenes obtenidos bajo esquemas de fiscalización laxos podría generar distorsiones en la asignación de derechos de pesca, perjudicando a quienes operan bajo un cumplimiento estricto de la normativa federal.

Redacción por dataPORTUARIA