El debate legislativo y la urgencia del RIGI

La Argentina se encuentra ante un momento crucial para su sector minero. El gobierno nacional ha puesto en agenda la modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, con el objetivo de facilitar la entrada de proyectos estratégicos de cobre al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Esta iniciativa, que se debatirá en sesiones extraordinarias del Congreso, busca aprovechar una ventana temporal de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios considerados únicos en las últimas tres décadas.

Desde su sanción en 2010, la Ley de Glaciares ha sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de provincias y empresas. La principal crítica se centra en la amplitud de la definición de “ambiente periglaciar”, que, según argumentan, ha paralizado proyectos en zonas sin afectación real de reservas hídricas cruciales. La urgencia para revisar estos criterios se potencia ante el calendario del RIGI, diseñado para atraer capitales de gran envergadura en sectores como la energía, minería e infraestructura.

Proyectos determinantes y el potencial del cobre

La mayor expectativa recae en los vastos yacimientos cupríferos ubicados en provincias como San Juan, Catamarca y Salta. Proyectos de la magnitud de Vicuña, El Pachón, Los Azules, MARA–Agua Rica y Taca Taca representan una inversión potencial superior a los USD 21.000 millones. Estos emprendimientos son considerados fundamentales para posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado global del cobre, un mineral indispensable para la transición energética y la electromovilidad. Las proyecciones oficiales estiman que el país podría alcanzar USD 25.000 millones en exportaciones mineras hacia el año 2033, con el cobre como motor principal.

Para el sector privado, la ecuación es clara: la materialización de estas inversiones está directamente condicionada a la flexibilización de la Ley de Glaciares. La incertidumbre jurídica actual y la ambigüedad en la delimitación de las áreas protegidas representan un impedimento significativo para los desembolsos de capital necesarios.

La postura de las provincias mineras 

Los gobernadores de las principales provincias con potencial minero comparten la visión de la necesidad de reformar la ley. Agrupados en la denominada "Mesa del Cobre", sostienen que la legislación vigente obstaculiza el desarrollo exploratorio y genera un marco de imprevisibilidad. Su propuesta no busca desproteger el ambiente, sino establecer criterios técnicos precisos y estudios de campo que reemplacen las delimitaciones satelitales generalizadas. Asimismo, reclaman que la autoridad de aplicación de la ley sea de órbita provincial, en línea con el reconocimiento constitucional sobre el dominio de los recursos naturales en sus territorios.

Equilibrio entre desarrollo y preservación ambiental

El debate, sin embargo, no está exento de tensiones. Sectores ambientalistas advierten que una reforma legislativa podría abrir la puerta a intervenciones en áreas sensibles, comprometiendo ecosistemas de alta montaña si no se garantizan controles estrictos y estudios rigurosos. Por su parte, empresas y provincias insisten en que la intención no es afectar glaciares ni reservas hídricas, sino corregir indefiniciones que han bloqueado proyectos viables durante una década.

Redacción por dataPORTUARIA