Desde el mes de febrero, el partido de 9 de Julio, ubicado en la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, ha experimentado una situación crítica debido a las inundaciones. Grandes extensiones de terreno agrícola y ganadero se han mantenido bajo el agua, transformando la región en un vasto embalse. Este fenómeno, en lugar de ser un mero evento climático, se ha visto exacerbado por la paralización de las obras correspondientes al Plan Maestro del Río Salado, un proyecto fundamental para el escurrimiento hídrico de la cuenca.

La magnitud de este problema no solo se refleja en la superficie anegada, sino también en sus profundas repercusiones económicas. Un informe técnico exhaustivo, elaborado de manera conjunta por la Sociedad Rural local, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 9 de Julio, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid, ha cuantificado el daño económico derivado de estas inundaciones. Los datos revelan un impacto significativo en la producción, los ingresos de los productores, la actividad comercial local y, consecuentemente, en la recaudación fiscal del Estado.

Análisis cuantificable del daño productivo

El distrito de 9 de Julio posee una superficie estimada de 250.000 hectáreas destinadas a la agricultura y 150.000 a la ganadería. Esta vasta región sustenta a aproximadamente 3.000 actores económicos, incluyendo productores, contratistas, transportistas, proveedores de servicios y trabajadores rurales. Sin embargo, las inundaciones han comprometido seriamente esta capacidad productiva. El estudio indica que la superficie productiva real se ha reducido en un 42%, dejando 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas fuera del circuito productivo.

Esta merma física ha tenido una consecuencia directa en la producción de granos, estimándose que 700.000 toneladas no pudieron ser cosechadas. La facturación proyectada para la campaña agropecuaria en 9 de Julio ascendía a 283.7 millones de dólares. Sin embargo, debido a las inundaciones, la facturación real se contrajo a 169.7 millones de dólares. La diferencia, de 113.9 millones de dólares, representa una pérdida económica considerable que dejó de circular en la economía local, afectando directamente a talleres, comercios, estaciones de servicio y transportes, todos ellos dependientes de la actividad agropecuaria.

Además del impacto directo en el sector productivo y la economía local, la falta de avance en las obras hidráulicas y el mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje han generado una repercusión fiscal directa para el Estado Nacional. El informe subraya que el Estado ha dejado de recaudar 30.4 millones de dólares únicamente en concepto de retenciones. Esta cifra es una consecuencia directa de la caída productiva ocasionada por las inundaciones.

La implicancia es clara: la inacción en materia de infraestructura hídrica no solo afecta a los productores y a la cadena de valor rural, sino que también priva al propio Estado de recursos que hubieran ingresado a sus arcas si las condiciones productivas se hubieran mantenido estables. Esta pérdida de recaudación se suma al costo social y económico general, evidenciando que la falta de inversión en infraestructura tiene un impacto multifacético.

Para contextualizar la magnitud de estas pérdidas, las entidades responsables del informe establecen equivalencias concretas. Los 113.9 millones de dólares perdidos en la economía local son comparables a la no comercialización de 4.665 automóviles Toyota Yaris, o a 18 millones de bolsas de cemento, o a la ausencia de 17.223 viajes de camiones al puerto. En el ámbito social, las pérdidas totales se equiparan a 115.706 sueldos promedio del distrito, lo que subraya el volumen de dinero que no ingresó a la comunidad.

Redacción por dataPORTUARIA