El escenario pesquero de la provincia del Chubut atraviesa horas decisivas. Lo que comenzó como un trámite administrativo con la Resolución 690/2025 —que dejó sin efecto un permiso de pesca artesanal de arrastre vinculado al buque hundido BP Carlillo— ha escalado hasta convertirse en el catalizador de un profundo debate sobre la transparencia, la seguridad jurídica y la sostenibilidad operativa del caladero.

La medida reactivó la discusión sobre los vínculos entre el Estado provincial y los actores privados, particularmente en torno a la gestión de los activos de la ex Alpesca y el rol de la firma Red Chamber. Fuentes del sector sugieren que la revocación del permiso no es un hecho aislado, sino la antesala de una posible licitación formal, necesaria para sanear un historial jurídico-administrativo plagado de irregularidades.

La deuda regulatoria: de los VACOPA a la "Ficha Limpia"

El conflicto actual destapó una olla a presión que la política pesquera chubutense mantenía cerrada: el estatus de los permisos VACOPA. Su conversión automática en licencias de Flota Amarilla durante la reforma legislativa de 2022 consolidó un paquete de doce permisos cuyo origen experimental y falta de resultados técnicos verificables generan cuestionamientos desde hace una década.

Frente a este panorama y la presión legislativa, el Ejecutivo provincial analiza implementar un sistema de transparencia o "Ficha Limpia" para la pesca. Esta herramienta normativa impediría la tenencia, renovación o transferencia de permisos provinciales a aquellas empresas cuyos accionistas registren condenas en primera instancia por delitos tributarios o económicos. El objetivo es blindar la integridad institucional y evitar que la conflictividad judicial de los privados contamine la administración del recurso público.

Tensión y reestructuración ministerial

El reordenamiento no se limita a los muelles. En los despachos de Rawson circulan borradores de una reforma de la Ley de Ministerios, donde la cartera de Pesca perdería su autonomía actual para integrarse como una secretaría dentro de un "superministerio" de Economía. Esta reingeniería busca eliminar zonas grises y centralizar la toma de decisiones estratégicas.

Simultáneamente, la Legislatura ha elevado la vara de control tras la fallida interpelación al titular de Pesca, exigiendo precisiones sobre los acuerdos económicos y las responsabilidades asumidas durante la transición de las operadoras en el conflicto de Alpesca.

Mientras la política debate los papeles, la realidad operativa en el puerto de Rawson enciende luces de alerta. La incorporación de nuevas embarcaciones con mayor capacidad de bodega ha generado un salto abrupto en la oferta de materia prima: se estima que ingresan 11.000 cajas adicionales por día al circuito.

Este volumen extra está desequilibrando la cadena productiva, saturando la capacidad de las plantas de procesamiento y presionando sobre los precios en un mercado internacional que ya muestra signos de debilidad. El sector enfrenta así una paradoja: una temporada con abundancia de recurso, pero amenazada por la falta de planificación logística y la incertidumbre normativa.

Redacción por dataPORTUARIA