Un reciente relevamiento realizado por la organización conservacionista Oceana ha encendido las alarmas en el mercado de productos del mar de la Unión Europea. El estudio, centrado en puntos de venta de Bruselas y Milán, determinó que el 50% de los productos a base de calamar carece de información esencial para el consumidor, omitiendo datos críticos como la especie específica o la zona de captura.

El informe se basó en el análisis de 198 muestras recolectadas en supermercados, pescaderías y restaurantes, complementado con testeos de ADN a cargo del FishLab de la Universidad de Pisa. Los resultados exponen una brecha normativa que facilita la comercialización de capturas provenientes de flotas de aguas distantes, muchas veces vinculadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Sustitución de especies y origen oculto

La investigación detectó una disonancia significativa entre la oferta y la realidad: gran parte del calamar comercializado como "local" o procedente del Mediterráneo y Atlántico Nororiental es, en realidad, producto importado. Los análisis genéticos confirmaron que más del 85% del calamar vendido en Italia proviene de aguas extracomunitarias.

Entre las especies más frecuentes halladas bajo etiquetados genéricos o engañosos figuran el calamar argentino (Illex argentinus), el calamar indio y el calamar volador gigante. Estas capturas suelen originarse en el Atlántico Sudoccidental (FAO 41) y el Pacífico Sudoriental, zonas donde operan flotas de ultramar —principalmente asiáticas— que a menudo carecen de los estándares de trazabilidad y sostenibilidad que sí cumplen las administraciones pesqueras responsables.

Asimetría comercial y normativa

El estudio subraya una injusta competencia en el mercado global. Mientras las pesquerías reguladas, como la argentina, invierten en certificaciones, observadores a bordo y cumplimiento de marcos legales estrictos, sus productos deben competir en las góndolas europeas con flotas que operan al margen del control efectivo.

Oceana destaca que la actual legislación europea exige detalles de trazabilidad para el pescado fresco y congelado, pero exime a los productos procesados (como anillas rebozadas) y a los alimentos servidos en restaurantes. En este último segmento, apenas el 28% del personal pudo identificar el origen del producto ofrecido. Esta "zona gris" regulatoria permite que la pesca ilegal se mezcle con la legal, distorsionando precios y degradando el mercado.

El reclamo por mayor transparencia

Ante este escenario, la organización insta a Bruselas a revisar el reglamento del mercado pesquero. "Sin un etiquetado claro, los consumidores terminan tomando decisiones a ciegas, comprando especies importadas desde el otro lado del mundo pensando que son locales", advirtió Marine Cusa, consultora política de Oceana.

La exigencia apunta a implementar un sistema de trazabilidad total que incluya el Estado de bandera del buque capturador en todos los formatos de venta. Esta medida resulta indispensable para diferenciar a los actores que apuestan al desarrollo sostenible de aquellas flotas que depredan los recursos transzonales amparados en la opacidad de la cadena de suministro.

Redacción por dataPORTUARIA