Tras un período de tensión y un revés legislativo en el Congreso Nacional que derogó un decreto de degradación, el gobierno ha adoptado una nueva estrategia respecto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aunque el enfoque parece menos confrontativo y avala la reconfiguración del tradicional Consejo Directivo como máxima instancia de conducción, los objetivos subyacentes de ajuste y optimización de recursos, que incluyen la reducción de personal y la venta de activos, se mantienen firmes.

La restitución y puesta en funcionamiento del Consejo Directivo del INTA, que ya ha celebrado dos reuniones, marca un cambio en la forma de proceder. Este organismo, conformado por representantes del Ejecutivo, entidades rurales y universidades, busca reactivar una institución que, si bien evitó la intervención directa, sufrió una paralización considerable. Sin embargo, este giro en la "forma" no se traduciría en una modificación de la "sustancia" de la agenda oficial para el INTA.

Las intenciones del gobierno, lideradas por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, se centran principalmente en un ajuste de personal y la eventual comercialización de miles de hectáreas de campos experimentales. Cabe destacar que, hasta la fecha, no se ha presentado públicamente un plan estratégico integral que justifique estas medidas de gran calado, lo que genera interrogantes sobre la visión a largo plazo para la institución.

Fuentes cercanas a la institución sugieren que en la próxima reunión del Consejo Directivo se presentará, de manera sorpresiva, una propuesta de "modificación de la estructura organizativa del INTA". Esta iniciativa no buscaría otra cosa que alcanzar los mismos objetivos planteados inicialmente: la desvinculación de trabajadores y la puesta en venta de propiedades. Ante este escenario, el gremio Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) ha ratificado su estado de alerta y movilización.

Reforma administrativa y reducción de centros

La propuesta de reforma administrativa, según las versiones, contempla una serie de cambios estructurales profundos. Incluiría la unificación de varias regionales actuales en un número menor de macro-regiones, así como la creación de una "coordinación nacional regional" de la cual dependerían jerárquica y funcionalmente los Centros Regionales y Centros de Investigación. Además, se rumorea la supresión de tres de estos centros dedicados a la investigación dentro del INTA.

Estas medidas apuntarían a reconfigurar el poder interno, diluyendo la influencia del director nacional del INTA, Ariel Pereda, quien ocupa su cargo por concurso y representa la línea histórica de investigadores de la institución. Pereda, previamente despedido y luego restituido tras la derogación del decreto de intervención, tiene la función legal de ejecutar las directrices emanadas del Consejo Directivo.

La "estandarización" de las estructuras internas es otro punto de la reforma, un eufemismo que podría encubrir una nueva ola de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Se estima una posible reducción adicional de 1.700 personas, sumándose a las 800 ya desvinculadas desde el inicio de la gestión, lo que llevaría la plantilla de 6.600 a aproximadamente 4.100 trabajadores desde diciembre de 2023. La finalidad última de esta reforma, según fuentes, sería "pasar a disponibilidad personal".

En el plano de la investigación y extensión, la propuesta contempla la reducción de los Centros de Investigación de seis a tres y la distribución de los 15 centros regionales actuales en cuatro macro-regiones (NOA, NEA, Centro y Sur). También se eliminarían los programas o proyectos de alcance nacional. Estas modificaciones tendrían un impacto significativo en la atención a pequeños productores, con la ya consumada eliminación de la EEA AMBA (agricultura periurbana) y la posible supresión del CIPAF (tecnología para pequeños productores). El CIEP (Centro de Investigación en Economía y Prospectiva) podría mantenerse, mientras que el Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) podría fusionarse con el Centro Nacional de Investigaciones (CNIA).

Adicionalmente, se insiste en el cierre de 293 Agencias de Extensión Rural, las cuales serían reemplazadas por mecanismos de transferencia tecnológica digital a cargo del sector privado. Esta reorganización se extendería a otras estructuras del Grupo INTA, incluyendo INTeA (empresa de transferencia tecnológica), la Fundación ArgenInta y las cooperadoras de las experimentales del país, proponiendo la transferencia de acciones estatales a socios privados o la liquidación de estructuras compartidas.

En cuanto a la venta de campos, la agenda oficial mantiene en análisis la comercialización de aproximadamente 25.000 hectáreas. Esta medida se inscribe en la estrategia más amplia de optimización de activos del organismo.

La sesión del Consejo Directivo prevista para este jueves adquiere una relevancia particular. Con la ausencia de representantes de dos organizaciones clave, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Facultad de Veterinaria de la UBA, el gobierno podría obtener las mayorías necesarias para avanzar con sus propuestas, contando con sus tres votos propios y el apoyo de entidades afines de la Mesa de Enlace.

Redacción por dataPORTUARIA