La Unión Europea (UE) ha decidido posponer la aplicación del Reglamento 1115/2023, una medida que exige a los productos importados certificar la ausencia de deforestación en sus zonas de origen. Esta normativa, que originalmente iba a entrar en vigor el 30 de diciembre de 2024, fue prorrogada por un año y, recientemente, el Parlamento Europeo aceptó extender su aplicación por otro año adicional. Esta postergación, que fija nuevas fechas de cumplimiento para grandes y pequeñas empresas, ofrece un margen crucial para que las cadenas de valor se adapten plenamente a las exigencias de trazabilidad y debida diligencia.

La reciente determinación del Parlamento Europeo establece que los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir con las obligaciones del Reglamento UE de Deforestación a partir del 30 de diciembre de 2026. Por su parte, las micro y pequeñas empresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse. Según el órgano legislativo europeo, este tiempo adicional busca garantizar una transición fluida y fortalecer el sistema informático utilizado por operadores y comerciantes para emitir declaraciones electrónicas de diligencia debida.

Asimismo, la medida pretende simplificar los requisitos de "debida diligencia", trasladando la responsabilidad de presentar la declaración a las empresas que introducen el producto por primera vez en el mercado de la UE, y no a quienes lo comercializan posteriormente. Para que esta prórroga sea formalmente efectiva, aún resta un último paso: el acuerdo entre el Parlamento y los Estados miembros, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la UE antes de finalizar 2025.

Reacciones y preparación en Argentina

La normativa de la UE ha sido objeto de cuestionamientos por parte de productores sudamericanos, incluyendo Argentina, quienes argumentan una posible intromisión en legislaciones locales y la violación de principios comerciales internacionales. No obstante, el sector agroexportador argentino ha mostrado proactividad, desarrollando la plataforma VISEC, la cual ya cuenta con el aval de importadores europeos y está lista para su implementación.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la extensión de los plazos, pero enfatizó la necesidad de que la UE revise el alcance del Reglamento UE de Deforestación. La entidad, liderada por Nicolás Pino, abogó por que cada país pueda gestionar sus recursos naturales y cuestionó las categorizaciones de riesgo que consideran a Argentina con un nivel bajo, sugiriendo que solo se debería enfocar en la deforestación ilegal.

Además, la SRA reclamó la eliminación de la obligación de "Diligencia Debida" como requisito, argumentando que impone sobrecostos a las cadenas de abastecimiento que podrían trasladarse a los consumidores europeos, generando inflación en alimentos. La entidad instó a la UE a establecer un marco transparente y sencillo, criticando las dilaciones y la falta de certidumbre que afectan el comercio y las relaciones bilaterales.

La visión de la cadena Forestoindustrial: Asociación Forestal Argentina (AFOA)

Coincidiendo con el anuncio de la prórroga, la Asociación Forestal Argentina (AFOA) organizó un seminario sobre el EUDR, donde se analizaron los desafíos y oportunidades para la forestoindustria nacional. Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA, destacó que la postergación subraya la necesidad de procesos sólidos e información precisa. Peirano afirmó que Argentina se encuentra en una posición ventajosa gracias a su robusto marco legal, plantaciones georreferenciadas y miles de hectáreas certificadas.

Experiencias de empresas privadas

• INTASA (España): Fernando Sepliarsky, director técnico de esta empresa española, describió el significativo impacto operativo del EUDR para las compañías europeas, señalando que funciona como una barrera paraarancelaria. Explicó la complejidad de la diligencia debida, que incluye información detallada del producto, país de origen, proveedor, legalidad, geolocalización, evaluación de riesgos y documentación.

• Papel Prensa: Vanina Budini, responsable de Cadena de Custodia, expuso cómo la empresa integra sistemas de madera controlada y diligencia debida, alineándose con el Reglamento UE de Deforestación. Con 47 años de trayectoria, la compañía utiliza certificaciones FSC y PEFC para asegurar la trazabilidad desde el bosque hasta el producto final, aplicando un Sistema de Diligencia Debida (SDD) para evitar materiales de fuentes conflictivas.

• Arauco: Paula Balla presentó una solución tecnológica integral que conecta la información forestal con la facturación, facilitando la generación de reportes GeoJSON y documentación para la plataforma TRACES. Arauco ya dispone del 100% de la información de origen y trazabilidad exigida, destacando la importancia de estandarizar la entrega de datos a los clientes.

Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, detalló la doble estrategia de Argentina: por un lado, gestiones diplomáticas ante organismos internacionales para solicitar la postergación del reglamento y, por otro, la adaptación interna. En este sentido, se creó el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales (Res. 50/2024), que integra herramientas como VISEC y Tracestory, diseñadas para cumplir con el Reglamento UE de Deforestación.

Vetter subrayó que el país posee un marco legal sólido que garantiza la trazabilidad territorial verificable, especialmente a través de la Ley N° 25.080 de promoción forestal, que exige emprendimientos georreferenciados, auditados y verificados por el Estado. Esto permite demostrar un riesgo de deforestación prácticamente nulo asociado a la producción forestal argentina.

Los participantes del seminario de AFOA coincidieron en la favorable posición de Argentina frente al Reglamento UE de Deforestación. Con más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente en la Mesopotamia, el país cuenta con una de las regiones más productivas para pino y eucalipto. Más del 90% de la industria se abastece de estas plantaciones bajo la Ley 25.080, lo que refuerza su perfil de cumplimiento. Además, Argentina cuenta con certificaciones internacionales reconocidas como FSC y PEFC, que garantizan la gestión sostenible, legalidad y trazabilidad.

Redacción por dataPORTUARIA