El transporte automotor de cargas en Argentina experimenta una de las reconfiguraciones normativas más significativas de las últimas décadas. El Ministerio de Economía ha formalizado, mediante la Resolución 1878/2025, la supresión integral del sistema arancelario que regulaba los trámites sectoriales desde principios de la década de 1990. Esta determinación representa un viraje hacia una política de desregulación orientada a la disminución de costos operativos y la racionalización de los procedimientos administrativos.

Durante más de treinta años, las empresas de transporte debieron afrontar pagos obligatorios para la obtención, renovación o modificación de habilitaciones, permisos de transporte internacional terrestre (bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT), así como para las altas y bajas de unidades. Estos aranceles se consolidaron a partir de un marco normativo establecido entre 1992 y 2001, cuya aplicación fue ininterrumpida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Derogación de aranceles y simplificación de procesos

La reciente resolución pone fin a este esquema. La cartera económica ha dispuesto la derogación de la normativa que dio origen al régimen arancelario, eliminando también las disposiciones subsiguientes que definían categorías de trámites, montos y protocolos. Adicionalmente, se anulan artículos cruciales de la Resolución 433/2022, los cuales exigían el pago de aranceles para la tramitación del Permiso Originario del ATIT. Esta medida no se circunscribe a una mera gestión administrativa, sino que se enmarca en un enfoque que privilegia la eficiencia, la simplificación y la apertura económica, tal como se especifica en los considerandos oficiales. Según los equipos técnicos del Ministerio de Economía y la CNRT, la eliminación de estos aranceles no compromete la capacidad de fiscalización ni los mecanismos de control estatales.

Impacto operacional directo en el sector

En términos operativos, la resolución implica que las compañías ya no estarán obligadas a presentar comprobantes de pago para iniciar o concluir trámites ante la autoridad reguladora. La exigencia de abonar aranceles constituía uno de los factores que mayor impacto generaba en la operatoria diaria, pudiendo ocasionar demoras en procedimientos esenciales como las habilitaciones y la renovación de permisos.

Para el ámbito del transporte internacional de cargas, la medida reconfigura el proceso para la obtención del Permiso Originario ATIT, documento indispensable para operar entre países limítrofes. Previamente, los transportistas debían efectuar un pago por cada solicitud, lo que incrementaba tanto los costos como los tiempos. La supresión de este arancel optimiza la previsibilidad operativa y acelera el inicio o la continuidad de los servicios transfronterizos.

Esta resolución se articula con una serie de decretos y normativas recientes que han redefinido los marcos legales del sector. Los decretos aprobados en 2024 reorganizaron registros, procedimientos y requisitos para los servicios automotores de pasajeros y cargas. La Resolución 1878/2025 complementa este proceso al suprimir un componente considerado obsoleto dentro del nuevo esquema regulatorio.

Desde una perspectiva sectorial, por un lado, representa una reducción directa de costos administrativos en un entorno donde la competitividad se ve cada vez más influenciada por la eficiencia operativa. Por otro, facilita un acceso más ágil a la documentación necesaria para asegurar la disponibilidad de una flota habilitada, especialmente en períodos de alta demanda. La medida también emite una señal clara al mercado: el Estado se orienta hacia un marco regulatorio menos enfocado en la recaudación y más en el funcionamiento óptimo del sistema. Aunque la eliminación de aranceles no resuelve los desafíos estructurales del sector —como los costos de combustibles, repuestos y mantenimiento—, sí alivia una carga transversal que afecta a empresas de todos los tamaños.

Con su entrada en vigencia inmediata, la desregulación del sistema arancelario inaugura una nueva fase para el transporte automotor de cargas en Argentina. Las empresas deberán aguardar ahora la adecuación de los procedimientos internos de la CNRT y la actualización de los sistemas administrativos, que ya no requerirán comprobantes de pago.

Redacción por dataPORTUARIA