La decisión gubernamental de modificar la estructura y las funciones de control del INV, mediante la Resolución 37/2025, ha generado una fuerte reacción por parte de los actores sindicales del sector. La FOEVA fue explícita al señalar que la simplificación administrativa propuesta por el Gobierno trae consigo riesgos sistémicos para la calidad y la transparencia de la industria vitivinícola argentina.

El cambio central de la normativa radica en que el INV ahora solo se focalizará en el control del vino embotellado, dejando de lado las inspecciones presenciales históricas en el viñedo, la cosecha, la elaboración y el fraccionamiento.

Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA, fue contundente: "Si el INV solo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad. No sabremos cuánta uva se cosechó, cómo, dónde ni bajo qué condiciones laborales".

Implicancias de la eliminación de controles

El gremio sostiene que la nueva desregulación, aunque presentada como modernización, tendrá efectos adversos directos en la operatividad y la imagen del vino argentino:

• Al eliminarse el control de volumen cosechado en origen, se crea un vacío que facilita la evasión fiscal y la informalidad laboral, afectando directamente la recaudación y los derechos de los trabajadores.

• La trazabilidad es un requisito fundamental e innegociable en los mercados internacionales. Su debilitamiento compromete seriamente la imagen del vino argentino y su capacidad de inserción en el Comercio Exterior.

• El cambio de la certificación de origen, añada y varietal de obligatoria a optativa afecta la validez y el funcionamiento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, un instrumento clave ligado al registro de quintales cosechados.

• La eliminación de los controles en etapas tempranas compromete los estándares de calidad y seguridad alimentaria en un producto que fue catalogado como alimento esencial durante la pandemia.

 Fragmentación del control

La reforma incluye otros puntos que añaden complejidad, como la derivación de los relevamientos productivos al Senasa, lo que genera una fragmentación del sistema de control que antes centralizaba el INV. Adicionalmente, se elimina la obligatoriedad de la aprobación de etiquetas por parte del organismo y se desregula el grado alcohólico mínimo anual, parámetros que históricamente brindaban certeza al mercado.

La FOEVA insistió en que la medida, al eliminar la lógica que protege la cadena productiva desde el viñedo hasta la botella, no solo compromete los estándares internos, sino que pone en riesgo la competitividad de la marca país en un ámbito global donde la rigurosidad y la certificación de origen son decisivas.

Redacción por dataPORTUARIA