La compleja situación jurídica y operativa en torno a los activos expropiados de Alpesca sumó un nuevo capítulo de alta complejidad. El proceso de transición de la operatoria hacia el Grupo Profand ha sido revertido, según confirmó el Secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, durante un evento de Trazabilidad Pesquera en Puerto Madryn.

El funcionario señaló que el impedimento central provino del Registro Nacional de Buques (RNB). El organismo nacional mantuvo su postura de que los contratos originales de locación firmados entre la Provincia y Red Chamber Argentina seguían jurídicamente vigentes hasta el año 2027. Esta interpretación legal generó una restricción administrativa insalvable: la imposibilidad de inscribir cualquier nuevo documento contractual o cambio de titularidad de los siete buques y sus siete permisos de pesca a nombre de Profand.

“Fue una rescisión por imposibilidad de cumplimiento de nuestra parte,” sentenció Arbeletche, reconociendo la incapacidad del Estado para transferir los medios productivos esenciales.

“Nosotros hicimos un contrato con la empresa Profand en la cual le estábamos dando en arrendamiento de siete buques con siete permisos que hasta 2027 no se los íbamos a poder dar.”

La carencia de los buques y los permisos de pesca hacía inviable la operación para Profand. El Secretario de Pesca enfatizó que la compañía no podía sostener la planta y los más de 500 trabajadores únicamente con la estructura industrial, sin los instrumentos necesarios para generar la materia prima y, por ende, la actividad productiva.

Ante la parálisis operativa inminente, que amenazaba con la pérdida de puestos de trabajo al inicio de la temporada, el Gobierno de Chubut optó por retraer la situación. La decisión estratégica fue devolver la operación y los bienes a Red Chamber, que aún ostentaba la titularidad contractual sobre los buques hasta 2027.

La Subsecretaría de Pesca de la Nación tampoco podía otorgar los permisos provinciales a nombre de Profand sin la previa inscripción en el RNB, creando un doble bloqueo administrativo.La prioridad del Gobierno, según Arbeletche, fue “evitar sobre todo que se pierda un solo día de trabajo.” La medida implica que Red Chamber retoma temporalmente la operación de los activos expropiados mientras la Provincia redefine la base jurídica para cualquier futuro traspaso.

Este escenario legal, que incluye contratos superpuestos e interpretaciones divergentes, podría derivar en presentaciones judiciales, lo que redefiniría el panorama a mediano plazo y exige una planificación jurídica de máxima precisión por parte de la administración provincial.

Redacción por dataPORTUARIA