La decisión, respaldada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), establece un plan de obras de modernización que asciende a 700 millones de dólares, superando ampliamente el compromiso inicial. El plan se ejecutará en ocho etapas para no interrumpir el flujo constante de carga, que incluye las exportaciones de cobre de yacimientos cruciales como Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay.
Entre las obras de infraestructura más destacadas, se encuentran:
Construcción de un nuevo amarradero multipropósito.
Instalación de grúas eléctricas de última generación.
Ampliación y renovación del muelle existente.
Habilitación de un almacén de minerales con capacidad para 40.000 toneladas métricas.
Según los informes técnicos, el 65% de esta inversión será ejecutado en los próximos tres a cuatro años, impulsada por la futura demanda de la producción minera de proyectos como Majes Siguas II y Los Calatos.

La modernización no solo optimiza las capacidades físicas del puerto, sino que redefine su rol en la arquitectura logística sudamericana. Un elemento de alto impacto es la alianza logística con el megapuerto de Chancay (operado por Cosco Shipping), que habilita un servicio regular de cabotaje entre ambos terminales. Este cambio normativo permite a Matarani consolidar flujos de carga regional (agroindustria, textiles, refrigerados) y conectar la macrorregión sur del Perú con el nuevo hub internacional.
Esta interconexión, que ya registra operaciones bisemanales, es de gran relevancia para los países sin litoral, como Bolivia, y para el corredor bioceánico que une la región con Brasil, ofreciendo una alternativa más eficiente y competitiva hacia los mercados asiáticos, tradicionalmente dependientes del Puerto del Callao.
Tisur, la operadora ligada al Grupo Tramarsa, extenderá su concesión hasta 2059. Desde 1999, la compañía ya ha invertido más de 290 millones de dólares, multiplicando por seis la capacidad operativa del puerto.
El proyecto generará un impacto económico positivo inmediato, con la creación de cerca de 1.800 empleos directos en la fase de construcción. Para el Estado peruano, la extensión de la concesión significa un aporte de 356 millones de dólares adicionales, sumado a una retribución constante del 5% sobre los ingresos brutos y un adicional por el “Proyecto Bahía Islay”.
Mauricio Núñez del Prado, gerente general de TISUR, enfatizó que la ampliación es "fundamental para garantizar la viabilidad de los grandes proyectos mineros del sur", asegurando que la infraestructura portuaria podrá sostener el crecimiento productivo de la región durante las próximas décadas y evitar riesgos de saturación del terminal.
Redacción por dataPORTUARIA