La prolongada incertidumbre que rodea a los activos de la ex Alpesca, expropiados en 2014, ha tomado un rumbo inesperado. El reciente acuerdo judicial entre la Provincia del Chubut y Red Chamber Argentina S.A. redefinió abruptamente el futuro de la planta industrial, invalidando, en la práctica, el contrato integral que se había suscripto con el Grupo Profand.

El pasado 30 de septiembre, la Provincia y Profand —a través de su subsidiaria Pesquera Deseado— habían formalizado un contrato de arrendamiento que buscaba poner fin a la crisis. Dicho acuerdo, amparado en la Ley I-N.º 527, incluía la explotación integral del inmueble en el parque industrial pesquero, la flota de buques y la cesión de cinco permisos de pesca provinciales y 700 toneladas de cupo de langostino y 5.000 toneladas de merluza hubbsi para asegurar la sustentabilidad industrial en tierra.

El esquema contractual establecía un arrendamiento por veinte años, prorrogable, con una opción preferente de compra a favor de Profand tras la determinación de la tasación final del juicio de expropiación. La firma se comprometía a pagar un canon de 30 millones de pesos mensuales (con exención inicial para impulsar inversiones) y a garantizar la contratación del personal histórico.

A semanas de esta planificación, el escenario cambió por completo. El Superior Tribunal de Justicia homologó un acuerdo conciliatorio entre el Gobierno provincial y Red Chamber Argentina S.A. (RCA), la empresa que había operado previamente los activos. Este pacto obliga a RCA a retomar la explotación industrial de la planta de Puerto Madryn, reviviendo el vínculo que la Provincia había dado por extinto.

Este giro judicial genera una situación inédita y compleja: si bien el contrato con Profand es legalmente existente, su ejecución plena queda imposibilitada porque los activos y permisos deben retornar a la órbita de Red Chamber una vez que esta cumpla con los requisitos legales para operar.

Ante la inminencia de una nueva temporada de pesca y la falta de habilitaciones sanitarias y comerciales inmediatas para que RCA asuma la operación, la Secretaría de Pesca provincial tomó una decisión excepcional: mantener a Pesquera Deseado S.A.U. al frente de la planta de manera transitoria.

Esta medida busca evitar un quiebre productivo y preservar la paz social, mitigando la preocupación sindical por una posible paralización. En consecuencia, la Provincia debe conciliar el contrato detallado con Profand —el cual fue concebido para ordenar la transición— con la realidad jurídica que reinstala a Red Chamber como operador legítimo.

El futuro definitivo de la ex Alpesca dependerá ahora de los tiempos administrativos y judiciales que demande la regularización de RCA y de la estrategia política que se adopte para gestionar las obligaciones contractuales pendientes con Profand.

Redacción por dataPORTUARIA