El anuncio del Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión potencial para el sector de la minería metalífera en Argentina. La redefinición de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010 y que establece la protección de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua, es vista por el Gobierno como un paso esencial para "aprovechar las riquezas naturales", en sintonía con la estrategia de expandir la minería de cobre.

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El presidente de la Nación, durante su discurso en el 12° Congreso de Economía Regional, destacó que la delimitación actual de la zona periglaciar es imprecisa, generando incertidumbre jurídica y frenando la habilitación de actividades económicas. La propuesta central es transferir a las provincias la potestad de definir qué áreas específicas serán consideradas periglaciares. Esta iniciativa se originó en planteos del gobernador mendocino y contó con la promoción del Canciller y la Secretaria General de la Presidencia.

La demanda del sector minero: Precisión técnica y jurídica

La industria minera sostiene que el inventario glaciar elaborado en 2018, que identificó cerca de 16.000 formaciones en los Andes, es demasiado amplio y con definiciones legales ambiguas. La principal preocupación se centra en la categoría de glaciar rocoso —formaciones que contienen hielo y que figuran en el inventario—, cuya definición legal, según las empresas, no refleja las diferencias técnicas entre zonas con aporte hídrico real y áreas donde la dinámica glaciar es mínima.

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Un portavoz de Glencore, consultado por Bloomberg, señaló que la Ley de Protección de Glaciares requiere "ciertas aclaraciones", ya que la actual definición de zona periglaciar puede afectar el desarrollo de la mayoría de los grandes proyectos de cobre del país. La redefinición se presenta, por lo tanto, como un paso fundamental para destrabar inversiones de escala.

Varios de los desarrollos de cobre más avanzados de Argentina enfrentan obstáculos directos derivados de la normativa vigente:

• El Pachón (Glencore): Este proyecto, ubicado en San Juan, es un claro ejemplo. La empresa logró que la provincia lo retirara de su inventario local en 2023, pero el registro federal aún lo incluye.

• Vicuña (BHP Group y Lundin Mining): La compañía reconoció que sus permisos dependen de la interpretación que realice la provincia respecto de la normativa federal. Si bien la empresa cree que su "exposición y amenazas" son limitadas, deberá demostrar que sus operaciones no afectarán humedales ni reservas hídricas clave.

• Los Azules (McEwen Copper): Este proyecto, recientemente incorporado al RIGI, se ubica en un territorio sensible donde estudios preliminares detectaron más de 150 glaciares rocosos en su área de influencia. La empresa sostiene que puede operar bajo los parámetros actuales.

La modificación propuesta, al delegar la facultad de delimitación a las provincias, busca armonizar la protección ambiental con la viabilidad económica de los proyectos de cobre, un mineral estratégico para la transición energética global.

Redacción por dataPORTUARIA