La disputa por el destino de Vicentin S.A.I.C., una de las cerealeras históricas de la Argentina con una facturación que alcanzó los USD 4.300 millones por año, ha llegado a una etapa definitoria. El Juez de Reconquista (Santa Fe), Fabián Lorenzini, dictó el fallo que otorga el control de la compañía a Grassi S.A.

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La decisión judicial se inscribe en la etapa de cramdown, un mecanismo legal de salvataje previo a la quiebra que permite a terceros interesados ofertar por el control de la empresa en crisis. En esta "carrera por las mayorías", Grassi compitió directamente contra el consorcio integrado por Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC).

El fundamento del fallo y las mayorías obtenidas

El fundamento principal del escrito judicial, firmado por Lorenzini, radicó en que Grassi S.A. fue la primera en notificar al expediente concursal la obtención de las conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo. Según la propia empresa santafesina, lograron sumar el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.

La definición se produjo en medio de una alta tensión, ya que el consorcio Molinos Agro-LDC también informó haber superado los requisitos de adhesión, aunque ambos grupos mantuvieron impugnaciones cruzadas sobre la validez de ciertos avales presentados por Grassi. La ley, no obstante, privilegia al concursante que llega primero con las mayorías requeridas.

El plan de recuperación y los desafíos pendientes

El plan propuesto por Grassi S.A. busca garantizar la continuidad productiva y la protección de los cerca de mil puestos de trabajo de Vicentin. La propuesta económica contempla la conversión de los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio vigente al inicio del concurso ($60,78), ofreciendo un menú de opciones de cobro flexibles.

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Para los productores, el esquema incluye entregas de soja a lo largo de diez años, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada, y la posibilidad de recuperar hasta el 200% del crédito. El vicepresidente y CEO de Grassi, Mariano Grassi, aseguró que la nueva conducción tiene planes de inversión en todas las plantas y que "nada se cierra, nadie se va".

La resolución judicial aún puede ser objeto de impugnaciones por parte de los "legitimados procesales concursales" dentro del plazo de cinco días. Más allá del ámbito comercial, la causa por presunto fraude contra exdirectivos de Vicentin sigue abierta en el fuero penal, lo que añade complejidad al futuro de la compañía bajo su nueva administración.

Redacción por dataPORTUARIA