El sector vitivinícola argentino, quinto productor mundial y responsable de exportaciones por US$ 800 millones anuales, atraviesa una reforma regulatoria sin precedentes. Mediante una extensa resolución, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Ministerio de Desregulación, ha establecido un nuevo marco de gestión que busca simplificar y modernizar la actividad.

La medida reside en la derogación de 973 normas de un total de 1.207 que, durante décadas, rigieron de manera dispersa y burocrática al sector. Esta limpieza normativa, formalizada a través de un Digesto Normativo, persigue un objetivo claro: devolver la libertad y flexibilidad a la industria para adaptarse a un entorno global dinámico, donde los gustos del consumidor están en constante evolución (mencionado el ejemplo del vino sin alcohol).

Nuevo enfoque del INV

El organismo dejará de ser un ente de control intrusivo en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (viñedo, cosecha, elaboración y transporte). Su función se concentrará exclusivamente en la fiscalización del producto terminado, es decir, el vino embotellado. El objetivo central es garantizar que el producto que llega al consumidor sea apto para el consumo y no esté adulterado.

Según datos oficiales, este cambio implica la eliminación de aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales al año en bodegas. Adicionalmente, se suprimen trámites onerosos y de burocracia absurda que generaban altos costos y demoras:

• Se elimina la Declaración Jurada semanal de elaboración.

• Se eliminan las multas y sanciones por presentaciones tardías.

• Se anulan los Permisos de Tránsito, un trámite que obligaba a las bodegas a solicitar más de 140.000 autorizaciones anuales para mover sus propios productos.

El ministro de Desregulación, destacó que el antiguo esquema regulatorio trataba a la industria como "delincuente", con empresas que llegaban a recibir una inspección cada dos días. La reforma apunta a eliminar la discrecionalidad y las oportunidades de corrupción al concentrar el control únicamente en la toma de muestras del producto embotellado.

La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con firma de su titular Carlos Tizio, deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo. Dejamos atrás… pic.twitter.com/FiY8GHmmyc

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 7, 2025

Otro punto de gran impacto es que las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas para el mercado interno. No obstante, el INV continuará emitiendo las certificaciones necesarias y exigidas para las exportaciones, manteniendo así la credibilidad internacional del producto argentino.

La industria vitivinícola, una de las principales economías regionales, obtiene con esta normativa la flexibilidad necesaria para innovar y reducir sus costos operativos, lo que se espera se traduzca en una mayor competitividad en los mercados globales.

Redacción por dataPORTUARIA