La construcción de las dos patrulleras oceánicas para Uruguay, valoradas en cerca de €84 millones, mantiene al astillero español Cardama en el centro de la controversia. El secretario de Presidencia uruguayo, Alejandro Sánchez, se pronunció sobre el contrato, asegurando que la recepción de las embarcaciones es un "objetivo reconocido por el sistema político".

Sánchez fue categórico al afirmar que el pedido saldrá adelante sí o sí, incluso si no es con la empresa viguesa: "Será con Cardama, con otro astillero o con un consorcio". Esta declaración se produce solo dos semanas después de que el presidente Yamandú Orsi advirtiera que rompería el contrato y había iniciado acciones judiciales por irregularidades en la emisión del aval.

Búsqueda de mediación tras la denuncia:

La factoría viguesa consiguió un aval de fiel cumplimiento de la empresa británica Eurocommerce, la cual se encuentra en vías de liquidación, lo que intensificó el conflicto. Cardama, por su parte, había expresado previamente su disposición a buscar otro avalista y apeló a la vía del diálogo.

A pesar de que la denuncia sigue en marcha, el Gobierno uruguayo parece más dispuesto a una negociación. El secretario Sánchez indicó que el Ejecutivo ratifica su línea de acción de "avanzar por la transparencia, la defensa de los recursos públicos y agotar toda la vía administrativa posible para esclarecer". Asimismo, aseguró que se han establecido vías de contacto con el Gobierno de España, que mostró su disposición a acompañar en el proceso.

Redacción por DataPortuaria