La industria pesquera de la flota congeladora se enfrenta a una modificación sustancial en su estructura de costos laborales a partir del próximo 1° de noviembre. Un análisis del acta acuerdo firmada el 16 de octubre de 2025 entre el SOMU y las principales cámaras del sector (CAPIP, CAPECA y CEPA) revela una consecuencia de fondo: el fin de facto del régimen de crisis salarial.

Este régimen transitorio había permitido el pago de hasta el 70% de los haberes bajo un esquema no remunerativo hasta el 31 de octubre de 2025. Sin embargo, la nueva acta, que actualiza los salarios básicos y rubros convencionales, omite cualquier mención a la continuidad del esquema de emergencia o al mantenimiento de sumas no remunerativas. 

Impacto económico: Aumento automático de costos operativos

La ausencia de una cláusula que prorrogue el esquema de crisis tiene una lectura administrativa ineludible: todos los salarios de la flota congeladora deben volver a liquidarse como plenamente remunerativos. Esto conlleva la restitución completa de los aportes y contribuciones sociales a cargo del empleador y del trabajador, rubros que habían sido parcial o totalmente exceptuados durante la vigencia del acuerdo de crisis.

Esta modificación implica un incremento automático de los costos operativos para las empresas de la flota congeladora. En un sector que ha buscado consolidar su actividad tras períodos de parálisis y reparaciones, este cambio en la ecuación económica podría modificar sustancialmente las proyecciones financieras para el cierre del año e impactar en las próximas zafras clave, como la de calamar para los buques poteros.

Marco normativo y el fin de la emergencia

El convenio de crisis original preveía una posible prórroga hasta el 31 de enero de 2026, pero la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, solo homologó la vigencia hasta el 31 de octubre.

El acta del 16 de octubre, al no incluir ninguna disposición, cláusula o referencia que autorice la continuidad de los pagos no remunerativos, da por concluida formalmente la etapa de emergencia salarial. Por consiguiente, las empresas deberán adecuar sus liquidaciones de sueldos de noviembre en adelante, asumiendo el nuevo nivel de cargas sociales que había sido mitigado durante el período de crisis.

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La decisión —o la omisión en la redacción del acta— se traduce en un incremento directo de los costos de la flota congeladora, sin margen para interpretaciones adicionales en la normativa laboral vigente.

Redacción por DataPortuaria