El fondo británico Burford Capital, financista del litigio por la expropiación de YPF y principal beneficiario del fallo dictado por la jueza Loretta Preska en 2023, ha emitido su primer comunicado público sobre la causa. El texto, difundido a pocos días de que inicie la audiencia oral ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, adopta un tono moderado y subraya la conveniencia estratégica de que el Estado argentino considere un convenio.

El documento describe el estado actual del proceso judicial e implícitamente recomienda a Argentina considerar una negociación extrajudicial para mitigar los costos y evitar la ejecución plena de la sentencia de 16.000 millones de dólares.

Estrategia procesal y advertencia de riesgo.

Burford señaló que la controversia judicial entra en una etapa clave, dado que la apelación determinará si se confirma o modifica el fallo que responsabilizó al Estado argentino por la forma en que se concretó la expropiación de YPF en 2012.

En este marco, el fondo británico plantea que la solución más viable para dar punto final al conflicto es el acuerdo, puntualizando que las “controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias.”

El comunicado también advirtió a sus propios inversores y al mercado sobre la naturaleza inherentemente riesgosa del litigio, señalando que la causa “conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad” hasta su resolución definitiva, incluyendo la posibilidad de pérdida total.

Presión por la ejecución y litigios paralelos.

A pesar de la invitación a negociar, la firma recordó que la sentencia dictada por Preska es ejecutable desde el 11 de enero de 2024, dado que Argentina no cumplió con las condiciones impuestas por el tribunal para suspender la ejecución durante el trámite de apelación.

Actualmente, el Tribunal de Distrito sigue supervisando el proceso de descubrimiento de pruebas (discovery) en apoyo de la ejecución, junto con los litigios colaterales que buscan demostrar la teoría del “alter ego” (que el Estado e YPF actúan como una misma entidad) y asegurar embargos sobre activos argentinos en el exterior. Todas estas acciones persiguen el objetivo de facilitar un escenario de negociación.

El cronograma prevé que las audiencias de apelación otorguen treinta minutos de exposición a cada parte, y la decisión del tribunal podría tardar entre varios meses y un año. Cualquiera de las partes podría solicitar una revisión final ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Redacción por DataPortuaria