Un escenario de disrupción inminente se cierne sobre el Canal de Panamá, epicentro del comercio marítimo global que moviliza más del 6% del tráfico mundial. El foco de atención recae en una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña respecto a la concesión que permite a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison, operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
La controversia se intensificó en julio de 2025, cuando el Contralor General de Panamá presentó dos acciones legales históricas: una demanda por inconstitucionalidad del contrato original de 1997 y otra por la nulidad de la prórroga de 25 años otorgada en 2021. Estas acciones se fundamentan en una auditoría que sugiere que el Estado panameño habría dejado de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares. Este contexto ha reavivado el debate nacional sobre la soberanía y los beneficios económicos derivados de sus infraestructuras críticas.

El proceso judicial toma una dimensión geopolítica y económica mayor a raíz de la transacción anunciada en marzo de 2025: el gigante financiero BlackRock, junto a Terminal Investment Limited (TiL) —brazo portuario de la naviera MSC—, lideró un consorcio para adquirir una participación mayoritaria en los activos globales de CK Hutchison, valorados en 22.800 millones de dólares. Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte de estos activos neurálgicos.
Si la CSJ falla en contra de la concesión, PPC se vería despojada de activos válidos para transferir, lo que dejaría a BlackRock sin sustento legal para concretar la compra. Este resultado podría detener abruptamente la operación y obligar a una nueva licitación que tomaría, al menos, seis meses.
La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL) advierte sobre las graves repercusiones de un fallo adverso. Una suspensión de operaciones en Balboa y Cristóbal, similar al caso de la mina de First Quantum, tendría un efecto dominó inmediato.
Pese a que terminales vecinas como Colón, Manzanillo, Cartagena y Kingston podrían absorber parte del tráfico, ninguna posee la capacidad de sustituir el papel dual de Panamá como hub de transbordo interoceánico. Una interrupción simultánea elevaría los costos y los tiempos de tránsito a nivel global.
Las cadenas manufactureras más sensibles, como las de sectores electrónicos, automotrices y farmacéuticos, sentirían la presión de inmediato.
El conflicto amenaza con avivar tensiones geopolíticas, dado que el potencial afectado es un fondo de inversión estadounidense en un área de histórica competencia sistémica.
El desenlace de este caso judicial, que se espera en cualquier momento, podría significar el "mayor shock logístico del Hemisferio Occidental en la última década". Desde Wall Street hasta Shanghái, la incertidumbre mantiene en vilo a operadores logísticos, aseguradoras y navieras.
Redacción por DataPortuaria
Comunicado de Prensa OMCPL