

La provincia de San Luis ha formalizado un paso decisivo hacia un sistema energético más sostenible. La reglamentación del régimen de Generación Distribuida, emanada de la Comisión Reguladora Provincial de Energía Eléctrica (CRPEE), establece el marco operativo y legal para que los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) puedan no solo autoconsumir la energía generada, sino también volcar el excedente a la red eléctrica pública.
Esta resolución instrumenta la adhesión a la Ley Nacional N°27.424, sancionada por la Legislatura puntana en noviembre de 2024. La iniciativa busca incentivar inversiones en infraestructura y tecnología, transformando al usuario en un "prosumidor": un cliente que simultáneamente genera energía.
Laura Giumelli, presidenta de la CRPEE, señaló que la medida representa "un primer paso para hacer un esquema comercial de generación distribuida" y forma parte integral de la transición energética provincial.
La reglamentación establece las obligaciones, parámetros y las instancias administrativas que deben cumplir los interesados en conectar sus equipos de generación (principalmente paneles solares).
Uno de los principales incentivos es el esquema de compensación económica. El excedente de energía inyectado al sistema será remunerado a los usuarios al precio mayorista de la energía, lo cual se traduce en un descuento directo en la factura mensual emitida por la distribuidora (Edesal). Si bien el costo de inversión inicial en equipos corre por cuenta del usuario, la amortización se vuelve más conveniente:
“Hoy con la quita de subsidios comienza a ser conveniente para los usuarios, sobre todo para los grandes, incorporarse al régimen”, afirmó Giumelli.
Datos a nivel nacional, a mayo de 2025, indicaban que el sector comercial e industrial concentra cerca del 80% de la potencia instalada (más de 58 MW), demostrando que las empresas ven en la energía renovable una estrategia sólida para la reducción de costos operativos.
Desafíos e infraestructura a largo plazo
A pesar del entusiasmo, la implementación completa requiere una adecuación de la infraestructura. La presidenta de la CRPEE reconoció que la transición implica “una inversión en las redes, en equipamientos de control, etc.”, procesos que pueden durar entre 10 y 15 años y acarrean un costo significativo.
No obstante, la funcionaria enfatizó la importancia de iniciar este camino. La reglamentación también hace hincapié en la seguridad de las instalaciones y el registro de los equipos, garantizando que cumplan con los estándares requeridos. El sistema bidireccional que habilita la norma es clave: permite el flujo de energía de tensiones menores (hogares, comercios) hacia las mayores (la red de distribución), algo que era imposible con los medidores tradicionales.
Redacción por DataPortuaria