

La Procuración del Tesoro de la Nación ha confirmado que doce países e instituciones han manifestado su apoyo a la posición de Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. Este respaldo se materializa a través de la presentación de “amicus curiae” (amigos del tribunal) y cartas diplomáticas ante la corte que definirá la validez del fallo de la jueza Loretta Preska. Dicha sentencia exige a la República Argentina el pago de 16.000 millones de dólares con acciones de la petrolera.
El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalijá, destacó que el “trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del Gobierno” ha resultado en un “apoyo internacional sumamente contundente”.
Entre los respaldos más relevantes, la Procuración señaló la reiterada presentación de un amicus curiae por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha manifestado su posición por tercera vez en un año. En su escrito, advierte que la postura de no otorgar inmunidad de ejecución a los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario. Este apoyo se suma a las presentaciones realizadas bajo las administraciones de Joe Biden y Donald Trump.
Además, el gobierno de Israel se ha presentado por primera vez como amicus curiae en una causa de esta naturaleza, sumándose a la lista de apoyos que incluye a Italia, Francia (a través de una carta diplomática), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. También se han sumado instituciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.
La audiencia de apelación por la sentencia de fondo tendrá lugar el 29 de octubre, fecha en la que se buscará revertir la obligación de Argentina de pagar la millonaria indemnización más los intereses acumulados. La Procuración del Tesoro afirmó que el Estado continuará “ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país”.
Redacción por DataPortuaria