El proceso de “cramdown” de Vicentin enfrenta un nuevo conflicto. Un grupo de acreedores granarios presentó una objeción judicial a la propuesta de Grassi SA, la primera oferta formal en el proceso. En un escrito ante el juez concursal Fabián Lorenzini, los productores denunciaron que el plan contiene cláusulas “abusivas y discriminatorias” que podrían invalidar su homologación.

La presentación fue realizada por el abogado Mateo Germán Schott en representación de siete acreedores quirografarios. El punto más controvertido del plan de Grassi es una “propuesta residual” a la que quedan sujetos quienes no opten expresamente por ninguna de las alternativas ofrecidas.

El núcleo del conflicto

Según el planteo judicial, esta modalidad implica que quienes no adhieran al plan cobrarían apenas el 40% de su crédito en diez cuotas anuales, con una quita real que podría ser de hasta el 97% del crédito. Los demandantes argumentan que esta fórmula viola el principio legal que obliga a garantizar un recupero no inferior al de la quiebra. También sostienen que la propuesta “vicia la voluntad” de los acreedores, forzándolos a aceptar la peor alternativa si no firman a tiempo.

La objeción golpea la estrategia de Grassi, que buscaba diferenciarse con un plan que promete un recupero de hasta el 200% para quienes aporten granos o financiamiento a la empresa. Sin embargo, la objeción señala que el atractivo de las mejores alternativas se contrapone con el castigo a los disidentes, generando un trato desigual.

El juez Lorenzini fijó el 31 de octubre como fecha límite para reunir las mayorías necesarias para el salvataje. La objeción de los acreedores granarios añade incertidumbre a la viabilidad de la propuesta de Grassi y complejiza la pulseada por el control de los activos estratégicos de Vicentin.

Redacción por DataPortuaria