El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las subvenciones a la pesca, el primero que se refiere al medioambiente, ha entrado en vigor este lunes. El pacto, aceptado por más de un centenar de miembros, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y China, establece normas vinculantes que obligan a los gobiernos a considerar la legalidad y la sostenibilidad de las actividades pesqueras que subsidian. Finalizado en 2022 tras más de veinte años de debates, el acuerdo se puso en marcha después de ser aceptado por dos tercios de los miembros de la OMC.

El acuerdo prohíbe las subvenciones a la pesca “ilícita, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, así como las destinadas a la captura de bancos de peces sobreexplotados. No obstante, un país puede seguir concediendo estas ayudas si su objetivo es reconstituir la población de peces a un nivel biológicamente sostenible. El pacto también proscribe las subvenciones a la pesca en alta mar no regulada.

Obligaciones y beneficios para países en desarrollo

El acuerdo insta a los países a actuar con “especial cuidado y moderación” al conceder subvenciones a buques que no porten su bandera o cuando se trate de poblaciones de peces cuyo estado se desconoce. Además, los países están obligados a notificar a la OMC sobre la aplicación del pacto, proporcionando datos sobre el estado de las reservas pesqueras y los buques beneficiados con subsidios.

El pacto tiene en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA). Estos se benefician de una “cláusula de gracia” que los exime del cumplimiento de las prohibiciones por dos años. Adicionalmente, se creó un fondo de 18 millones de dólares para apoyarlos técnicamente. Un estudio citado por el organismo señala que en 2018 los subsidios mundiales a la pesca ascendieron a 35.400 millones de dólares, de los cuales 22.000 millones contribuyeron al aumento de la capacidad de las flotas pesqueras.

Riesgo de caducidad del acuerdo

El pacto establece que si la segunda parte de las normas, relativa al exceso de capacidad y la sobrepesca, no se concreta en un plazo de cuatro años, el acuerdo quedará “inmediatamente derogado”.

Redacción por DataPortuaria