La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 27.742, conocida como la Ley Bases, que declaró a Corredores Viales sujeta a privatización. El proceso se llevará adelante bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la intervención directa de la Secretaría de Transporte y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

El objetivo central es la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes, la concesión de los corredores a nuevos operadores y la posterior disolución y liquidación de la empresa estatal.

Un procedimiento detallado y con plazos definidos

La resolución ministerial establece un claro cronograma de acción. La Secretaría de Transporte ha sido instruida para realizar un inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Estado y para elaborar los documentos necesarios para la extinción de los contratos. Además, deberá proponer la nueva conformación de los tramos de la red vial, efectuar relevamientos del estado de las rutas y solicitar la rescisión de contratos que no se consideren prioritarios.

El procedimiento de licitación y adjudicación de los nuevos contratos de concesión se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, en un intento por garantizar transparencia en todo el proceso. La Unidad Ejecutora, por su parte, coordinará las medidas necesarias para cumplir con el cronograma y solicitará la valuación de los bienes de la empresa, tarea que será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o un organismo del sector público. El plazo máximo para la concesión de los tramos y la liquidación de la empresa es de doce meses a partir de la entrada en vigencia de la resolución.

Impacto y contexto financiero de la decisión

El procedimiento de privatización de Corredores Viales S.A. se inscribe en una política más amplia de transformación del sector público que incluye la intervención, liquidación, venta o fusión de empresas estatales. El impacto de la medida es relevante, dado que la empresa gestiona una red vial clave para la logística y el transporte.

Según datos oficiales, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados al cierre de junio y había logrado un superávit financiero de $5.200 millones en el primer semestre, lo que la hacía una entidad que no requería transferencias del Tesoro nacional.

Con esta decisión, el Gobierno abre la puerta a la participación de operadores privados nacionales e internacionales en la concesión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje.

Redacción por DataPortuaria