El sector ha resentido con dureza la presión acumulada durante el último año. A la caída de precios en los mercados internacionales y el encarecimiento de los costos operativos, se suma el oneroso pago de las cuotas correspondientes al derecho único de extracción de especies clave como la merluza y la vieira. Este tributo ya ha aportado más de 26 millones de dólares al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) en lo que va del año, una cifra que contrasta drásticamente con los 2,67 millones recaudados en todo 2023.

Un escenario social y económico de alta fragilidad

La grave coyuntura ha sido señalada por el oficialismo ante los legisladores, destacando la caída abrupta de los precios, el incremento sostenido de los costos internos y los márgenes de rentabilidad negativos.

Este panorama ha tenido un impacto social directo, manifestado en suspensiones, despidos y el cierre de plantas procesadoras en plazas históricas para la industria como Mar del Plata y Puerto Madryn. A la crisis se le suma el frente cambiario, que encarece insumos y mano de obra, mientras la retracción del consumo interno debilita aún más los ingresos de las empresas.

A pesar de que el Ejecutivo argumenta que la pesca, al ser una actividad extractiva de un recurso que pertenece a la sociedad, requiere un tratamiento tributario singular y no puede equipararse a las economías regionales ya beneficiadas, la sola inclusión del sector en la agenda de revisión abre una ventana de esperanza.

El desenlace de este debate no solo determinará la competitividad futura de la pesca argentina, sino también su capacidad para sostener miles de empleos y un valioso entramado productivo que hoy se encuentra en estado de extrema fragilidad.

Redacción por DataPortuaria