Tras un año y medio sin definiciones claras sobre el mantenimiento de las rutas nacionales, el gobierno presentará la primera prueba del sistema de Concesiones Viales. Este esquema, denominado Red Federal de Concesiones (RFC), implica una privatización total y sin subsidios, donde las empresas concesionarias se encargarán del mantenimiento de 9.155 kilómetros de rutas a cambio de la instalación de peajes y la posibilidad de sumar negocios secundarios como locales comerciales.

Ante las preocupaciones del sector privado sobre la ecuación financiera del proyecto, se han realizado ajustes en la propuesta. Se permitirá la participación de empresas sin experiencia en obras viales, siempre que cuenten con un seguro de caución equivalente al 30% del monto de la obra. Además, el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) actuará como respaldo para las concesionarias en caso de que el Estado no aplique los aumentos tarifarios previstos, garantizando que las empresas reciban los fondos necesarios para repagar los créditos.

Gran parte de los 9.155 kilómetros de la RFC atraviesan regiones con bajo nivel de tránsito, lo que genera dudas sobre la viabilidad de cubrir las inversiones solo con el cobro de peajes. Según estimaciones, las concesionarias deberán invertir entre 1.200 y 3.500 millones de dólares en los primeros dos años para la puesta en valor de la red vial. Las tarifas de peaje solo se comenzarían a cobrar una vez que las rutas estén en óptimas condiciones.

Un nuevo mapa de peajes y debates en el sector

El plan de concesiones reconfigurará de manera radical el mapa de peajes en el país. La cantidad de estaciones se incrementará un 135%, pasando de 40 a 94. En la zona núcleo (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), el aumento será del 162%, con un pasaje de 24 a 63 puestos de cobro. Esto implicará, en promedio, un peaje cada 97 kilómetros.

Según Vialidad Nacional, el costo promedio por recorrer 100 kilómetros sería de 2.200 pesos, un monto que, según algunas constructoras, podría ser insuficiente. El proyecto ha despertado resistencia en organizaciones de usuarios, sindicatos y cámaras de transporte, que advierten que el aumento de costos impactará en el precio final de bienes y alimentos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la privatización permitirá "revertir años de abandono y deterioro" de la red vial.

A través de 12 audiencias de participación ciudadana, la RFC ha recogido pedidos específicos de cada zona productiva. En Chaco y Santa Fe, el foco estuvo en la conectividad logística para reducir tiempos de viaje a puertos. En Entre Ríos, se propusieron sistemas de control y fiscalización como el pesaje dinámico para camiones sobrecargados. Y en Mendoza, los reclamos se concentraron en reparaciones urgentes y mantenimiento constante.

El Gobierno sostiene que el objetivo es que cada corredor concesionado comience con "bache cero" y que no se subirán las tarifas hasta que la calidad de las rutas esté garantizada.

Redacción por DataPortuaria