

La iniciativa contempla la prórroga de los beneficios impositivos hasta el 31 de diciembre de 2045, extendiendo por dos décadas un régimen que vence a finales de 2025. Además, permitiría que los grandes usuarios de electricidad contraten directamente a los generadores, sin la intermediación de CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Según los autores del proyecto, estas medidas buscan garantizar estabilidad en las reglas de juego, consolidar un marco a largo plazo para el sector y modernizar la estructura del mercado eléctrico nacional. La eliminación de la obligatoriedad de contratar a través de CAMMESA, en particular, abre la posibilidad de contratos privados y fomenta la autogeneración, lo que es coherente con la política de desregulación del gobierno.
El texto también incorpora disposiciones destinadas a diversificar las tecnologías, promover una distribución geográfica más equilibrada de los proyectos y aprovechar el potencial renovable en distintas regiones del país. En el ámbito legal, se busca brindar mayor seguridad jurídica, reducir conflictos judiciales y proteger los derechos adquiridos.
Desde la sanción de la Ley 27.191 en 2015, el sector de energías renovables ha experimentado un crecimiento notable. Desde 2016, se han instalado 6.500 MW de potencia renovable, cubriendo alrededor del 18% de la demanda nacional de electricidad, acercándose a la meta del 20% fijada para 2025.
Las inversiones ejecutadas ya superan los 7.500 millones de dólares, con otros 4.500 millones en desarrollo, contribuyendo a la reducción de importaciones de combustibles.
Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Energías Renovables y Cadena de Valor (CEA), respaldó la iniciativa, destacando la importancia de "dar una señal de estabilidad fiscal y jurídica a largo plazo" para proteger las inversiones ya realizadas y atraer las futuras. Ruiz Moreno agregó que el sector "no necesita subsidios ni beneficios fiscales, solo estabilidad".
Redacción por DataPortuaria