

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó los informes de cierre de las audiencias públicas realizadas en junio para ocho tramos estratégicos de la Red Vial Nacional. Esta medida allana el camino para avanzar con la licitación de corredores viales esenciales para la logística, el comercio exterior y la conectividad productiva del país.
Mediante la Resolución 1136/2025, publicada este 21 de julio en el Boletín Oficial, se formalizó la validación institucional de los procesos participativos llevados a cabo entre el 11 y el 13 de junio, en el marco del proyecto “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. El objetivo del plan es licitar la concesión por peaje de una serie de tramos viales bajo el régimen de la Ley 17.520, modificada por la Ley de Bases N° 27.742.
Los tramos alcanzados por esta etapa del proyecto abarcan rutas y autopistas de alta relevancia logística, incluyendo: Tramo Acceso Sur, Sur, Atlántico; Tramo Pampa, Mediterráneo, Puntano; Tramo Portuario Norte y Tramo Portuario Sur. Estos corredores comprenden parte de las Rutas Nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, 205, 226, A-005, A-008 y autopistas estratégicas como Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery.
Los trayectos involucran accesos a zonas portuarias, áreas de producción agrícola e industrial, centros logísticos y nudos urbanos clave. Se proyecta que el proyecto podría tener un impacto directo en la mejora del flujo de cargas, la reducción de tiempos logísticos y el aumento de la seguridad vial.
Las audiencias públicas, obligatorias en este tipo de procesos, contaron con más de 480 participantes (presenciales y virtuales). En ellas se presentaron detalles técnicos, se respondieron inquietudes y se recibieron propuestas de organizaciones, ciudadanos, autoridades locales y especialistas. Los encuentros fueron encabezados por representantes de Vialidad Nacional, y los informes finales recibieron aprobación oficial.
Con la aprobación de los informes, la Dirección Nacional de Vialidad avanza hacia la convocatoria formal a licitación nacional e internacional para la concesión de los tramos. Esta nueva etapa busca permitir que actores privados administren, construyan, amplíen, conserven y operen estas rutas mediante el cobro de peajes, y desarrollen servicios al usuario y actividades colaterales.
El proceso se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley de Bases, que propone una reconfiguración del rol del Estado en áreas estratégicas, promoviendo inversión privada bajo mecanismos de transparencia, eficiencia y control ciudadano. Desde la logística y el comercio exterior, este proyecto puede transformar las condiciones de infraestructura para el transporte terrestre, beneficiando a sectores como el agroexportador, energético, automotriz y de distribución, y abriendo oportunidades para operadores logísticos.
Redacción por DataPortuaria
Fuente: MovantConnection