El Gobierno nacional formalizó la prórroga de las retenciones reducidas para la cebada y el trigo, dos cultivos cuya siembra se encuentra en pleno desarrollo. A través de la publicación del Decreto 439/2025 este viernes, se extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la aplicación de alícuotas del 9,5% para estos cereales. Esta medida se tomó a pocos días del vencimiento (30 de junio) establecido en el Decreto 38/2025, que había fijado una rebaja temporal de los derechos de exportación (DEX) para varios productos agropecuarios.

El nuevo decreto, firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, busca dar continuidad a un esquema impositivo que, según los considerandos oficiales, pretende “seguir garantizando la eficacia en su exportación”. La normativa, que entrará en vigor el 1 de julio, establece un nuevo marco para los principales cultivos de exportación del país: el maíz tributará el 4,5%.

En contraste con la continuidad de las retenciones reducidas para el trigo y la cebada, la soja verá incrementada su tasa del 26% al 33%. El girasol, por su parte, volverá a una alícuota del 7% tras haber tenido una tasa del 5,5% durante el período anterior. La harina de trigo tendrá una retención del 5,5%, configurando una excepción dentro del nuevo esquema.

Para acceder a la alícuota menor del 9,5%, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de hasta 30 días hábiles desde la realización de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente. Este nuevo plazo representa una mejora respecto de los 15 días hábiles que regían bajo el decreto anterior, respondiendo a observaciones de los exportadores sobre las dificultades financieras que implicaba el plazo previo. Quienes no cumplan con este plazo, deberán abonar la alícuota más alta, es decir, el 12%. Esta penalización busca incentivar el cumplimiento de los plazos de liquidación de divisas y asegurar el ingreso de dólares al país.

La prórroga de la alícuota para el trigo y la cebada había sido anticipada en mayo por el Ministro de Economía. El fundamento de esta decisión, según el texto oficial, es “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales”, y asegurar la continuidad del flujo de exportación de los productos involucrados.

Redacción por DataPortuaria
Fuente: Infobae