El Gobierno argentino avanza en la preparación de una de las concesiones estratégicas más relevantes del país: el dragado del río Paraná, conocido como la Hidrovía. A diferencia del proceso anterior, que fue anulado entre acusaciones de irregularidades, esta nueva etapa se desarrolla con menor urgencia y sin las controversias previas, con la expectativa de tener los pliegos listos antes de fin de año. Esta autopista fluvial es crucial, ya que transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos y subproductos del país.

El expediente, que contiene novedades y confirmaciones clave, presenta una modificación significativa en los plazos. Inicialmente, se preveían 30 años de concesión, pero tras consultas y análisis, se decidió reducirlo a 20 años. Funcionarios gubernamentales justifican esta duración como necesaria para amortizar la inversión en dragas, principal componente de los costos del concesionario.

Una confirmación relevante es la cláusula de exclusión que estuvo vigente en la licitación fallida: no podrán participar empresas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales. Esta medida busca evitar que un gobierno extranjero ejerza control sobre un corredor logístico considerado estratégico para Argentina.

La elaboración de los nuevos pliegos y la recolección de opiniones técnicas han pasado recientemente por Rosario. En una reunión en la Bolsa de Comercio local, usuarios de la hidrovía debatieron sobre puntos como los lugares de sobrepaso y el ancho del canal a dragar. El objetivo es que el futuro contrato garantice una mayor fluidez al tránsito fluvial, priorizando la navegabilidad por sobre la reducción del peaje, ya que un barco parado genera mayores costos.

El cronograma oficial prevé dos reuniones más (en julio y agosto) con funcionarios, usuarios y técnicos. Recién después se abrirá la instancia para que las empresas interesadas en el proyecto puedan participar. Se espera un periodo para revisar los pliegos, realizar preguntas y, posteriormente, una audiencia pública, requisito indispensable. La hoja de ruta proyecta tener los pliegos finalizados hacia octubre o noviembre. Desde el Gobierno, se anticipa que las mismas empresas que participaron en la licitación anterior probablemente volverán a presentar ofertas.

Este nuevo proceso busca dejar atrás el "bochornoso" capítulo anterior. La licitación previa, realizada entre enero y febrero pasados, fue objeto de numerosas denuncias por supuestas irregularidades, incluyendo acusaciones de estar dirigida a la empresa Jan De Nul (exconcesionaria y actual prestadora de servicios). Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló vicios de procedimiento, falta de idoneidad en la Comisión Evaluadora y un plazo exiguo para ofertas, además de cuestionar el método de calificación que beneficiaba antecedentes específicos y el pago de una deuda de US$ 78 millones al actual consorcio estatal por parte del futuro adjudicatario. Ante el escándalo, el Gobierno anuló la licitación.

A diferencia de las acusaciones públicas de entonces, no se han dado curso a denuncias penales ni investigaciones concretas. Este nuevo enfoque con consulta y plazos más amplios busca asegurar la transparencia y eficiencia en la concesión del corredor fluvial más importante de América Latina, por donde circulan exportaciones por unos US$28.000 millones. La resolución final de los pliegos será clave para despejar las incógnitas restantes.

Redacción por DataPortuaria
Fuente: Diego Cabot - La Nación