El ingeniero Hernán Darío Orduna, reconocido especialista en políticas fluviales y ex presidente de las delegaciones argentinas ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, criticó duramente la nueva postura del gobierno de Entre Ríos respecto al dragado del río Paraná Bravo.

Durante una reunión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria, celebrada el 27 de mayo en la Bolsa de Comercio de Rosario, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, manifestó el apoyo de la provincia al dragado de los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, argumentando que “allí se encuentran los puertos entrerrianos”.

Sin embargo, Orduna refutó esta afirmación: "No existe ningún puerto entrerriano sobre el Paraná Bravo", y recordó que Entre Ríos, junto con otras provincias ribereñas, había rechazado históricamente esta opción cuando integraba el disuelto Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

Para el especialista, el redireccionamiento de la vía navegable hacia el Paraná Bravo aumentaría los costos logísticos y la distancia recorrida, ya que implicaría desembocar en el kilómetro 4 del río Uruguay —frente a las terminales uruguayas de Nueva Palmira— en lugar de salir directamente al Río de la Plata por el kilómetro 122, como permite el Paraná Guazú.

"¿Qué sentido tiene que la Argentina invierta en dragar un acceso directo al puerto uruguayo de Nueva Palmira, si por allí no salen cargas nacionales?", cuestionó Orduna. A su juicio, esta decisión favorece a grandes corporaciones agroexportadoras y terminales extranjeras, mientras debilita los puertos argentinos.

Además, alertó sobre riesgos fiscales y aduaneros, como el contrabando o la evasión tributaria, al facilitar el desvío de productos hacia nodos logísticos que no tributan en el país.

En una nota enviada al medio entrerriano Diario Junio, Orduna también criticó que la provincia no haya solicitado la conexión del Paraná Guazú con el río Ibicuy, una alternativa que sí fortalecería la logística de los puertos locales y consolidaría una vía fluvial estratégica de jurisdicción nacional.

Desde su experiencia, considera que este nuevo posicionamiento de Entre Ríos atenta contra la soberanía fluvial y el interés portuario nacional, al privilegiar infraestructura ajena en lugar de consolidar rutas estratégicas dentro del país.

Esta definición política se dio en el marco del debate sobre el futuro de la Vía Navegable Troncal, en momentos en que el Gobierno Nacional evalúa profundizar el canal de 34 a 44 pies. Mientras algunos sectores del agro promueven esta medida para mejorar la competitividad, voces como la de Orduna advierten sobre sus consecuencias geopolíticas, económicas y fiscales.

Redacción por DataPortuaria
Fuente: ArgenPorts & Diario Junio