

A través de una nota enviada a los titulares del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la entidad advirtió sobre “el daño irreversible que esta intempestiva e injustificada medida de fuerza genera para la economía nacional”.
Desde las 00:00 del lunes, la totalidad de la cadena operativa portuaria permaneció paralizada. El paro fue convocado por gremios nucleados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial, entre ellos SOMU, Patrones Fluviales, Capitanes, Maquinistas Navales y Comisarios. La medida no tuvo como motivo reclamos salariales, sino el rechazo político al DNU 340/2025, que habilita el ingreso de flotas extranjeras y modifica el régimen de transporte acuático nacional.
Los segmentos operativos afectados incluyeron:
Remolcadores de empuje y de puerto, amarrados desde la medianoche.
Buques tanque, portacontenedores y de carga, fondeados en rada o sin servicio.
Lanchas de amarre, recolección de residuos, turísticas y con itinerario fijo, fuera de operación.
Buques areneros y de piedra del litoral, detenidos.
Lanchas de prácticos y paleros, sin actividad salvo guardias mínimas.
Las empresas mantuvieron guardias de emergencia en terminales críticas, principalmente para prevenir riesgos ambientales y operativos.
La entidad solicitó la intervención de las autoridades competentes, en el marco del artículo 2° del DNU 340/2025 y el artículo 24, inciso d) de la Ley 25.877, que establecen la obligatoriedad de mantener una cobertura mínima del 75% en servicios esenciales durante medidas gremiales.
En el comunicado, la cámara denunció que la operatoria estuvo “completamente inmovilizada” y calificó al paro como “ilegal”, solicitando que se intime a las organizaciones gremiales a cumplir con los niveles mínimos establecidos por ley.
La paralización afectó buques que transportaban mercaderías de exportación, insumos industriales y pasajeros, lo que generó consecuencias operativas de alto impacto. Según lo expresado por la cámara, la situación provocó demoras logísticas, desvíos de embarcaciones, vencimientos contractuales y riesgo de pérdida de mercados internacionales.
El conflicto gremial volvió a poner en discusión los alcances del DNU 340/2025, que fue publicado a comienzos de mayo y que, según sectores sindicales y de la industria naval, implica riesgos de precarización, extranjerización y pérdida de competitividad para el transporte nacional por agua.
Redacción por DataPortuaria
Fuente: ArgenPorts