

Por: Redacción DataPortuaria
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, ratificó el compromiso del Estado provincial con los trabajadores afectados por la crisis de Vicentin, aunque fue tajante al negar una posible intervención estatal en la compañía. La histórica agroexportadora, con sedes en Avellaneda y Ricardone, anunció el cierre de sus plantas y la imposibilidad de abonar los sueldos de marzo, profundizando un escenario de incertidumbre que ya lleva años sin solución judicial.
El mandatario expresó su preocupación por la situación, pero fue enfático al delinear los límites de la participación estatal. “Esto no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa”, declaró, descartando la posibilidad de que la Provincia tome control de la firma o impulse un plan de salvataje.
Pullaro destacó que el Gobierno santafesino acompañará a los empleados para evitar que las familias sufran las consecuencias del colapso empresarial, replicando mecanismos de asistencia implementados previamente ante recortes nacionales en áreas sensibles como alimentación y medicamentos.
Sin embargo, aclaró que “no se puede hacer el gobierno cargo de cada empresa que quiebra”, fijando una posición de apoyo social sin implicancias en la gestión de empresas privadas.
En su análisis, el gobernador apuntó también contra la politización del conflicto, señalando que las decisiones del pasado, tanto provinciales como nacionales, distorsionaron el accionar de la Justicia.
“Un trámite judicial que debería estar resuelto hace tres años y medio sigue trabado por intromisiones del poder político”, enfatizó.
Pullaro concluyó reafirmando el respeto a las instituciones judiciales y sus decisiones, pese a que estas no siempre generen consenso.
“Vamos a respetar lo que resolvió la Justicia de la provincia de Santa Fe, nos guste o no nos guste”, cerró.