Por: Redacción por DataPortuaria

La industria pesquera argentina atraviesa una crisis de magnitud inédita. En un comunicado conjunto, cámaras empresarias y gremios del sector advirtieron que la parálisis de la flota tangonera congeladora —que lleva 17 días sin operar— generó pérdidas superiores a los US$100 millones en exportaciones. Más de 100 buques permanecen amarrados en Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado, afectando a toda la cadena productiva y logística.

El reclamo apunta principalmente a la necesidad de actualizar el régimen laboral vigente, basado en un convenio colectivo de 2005 que quedó obsoleto frente a las nuevas condiciones del mercado. “El salario del tripulante está calculado sobre valores históricos que ya no reflejan la realidad”, denunciaron las cámaras.

Te puede interesar: El sector pesquero creció 15,7% interanual en febrero por el repunte de crustáceos

El langostino, principal recurso exportable que representa el 52% del total y generó más de US$600 millones en 2024, evidencia el desajuste: mientras en 2005 el precio de referencia era de US$12 por kilo, hoy ronda los US$5,5. Esta distorsión eleva los costos por tripulante a más de 16 millones de pesos mensuales, dejando márgenes negativos para las empresas.

Además de las trabas laborales, el sector denuncia una fuerte presión fiscal. Las exportaciones enfrentan retenciones del 6% y un incremento del 210% en los Derechos Únicos de Extracción (DUE). A esto se suman insumos con precios dolarizados como combustibles, repuestos y servicios portuarios, erosionando aún más la rentabilidad.

Aunque el conflicto golpea con más fuerza a la flota congeladora, el segmento fresquero —con epicentro en Mar del Plata— atraviesa una crisis estructural desde fines de 2023. La merluza fresca se comercializa a $650 por kilo, valor insuficiente frente a costos operativos en alza. Un informe de la consultora INVECQ revela que cada viaje deja pérdidas del 21%, y que procesar una tonelada de filete cuesta US$3.500 mientras se vende a US$2.800.

Frente a este panorama, las entidades firmantes —entre ellas CEPA, CAPA, CAPIP, CAPAIPA y CAABPA— solicitaron al Poder Ejecutivo:

• Una urgente revisión del convenio colectivo

• La inclusión en el esquema de reducción de retenciones

• La revisión de la carga fiscal

• Coordinación interministerial para evitar un colapso productivo y social

Por su parte, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo anunció su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 9 y 10 de abril.

“Vamos a paralizar todas las embarcaciones para exigir políticas productivas con trabajo digno. Las desregulaciones en la pesca y en el cabotaje nacional van a generar desempleo, pobreza y pérdida de profesionales”, expresó Mariano Moreno, secretario general del sindicato.